Foto: Axel Olivares (Composición/NotiPress)
La deportación de más de 600 ciudadanos colombianos presos en Ecuador provocó una respuesta diplomática inmediata del gobierno de Colombia, intensificando tensiones ya existentes entre ambos países. El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a la medida, mientras el gobierno de Daniel Noboa defendió el procedimiento como legítimo y necesario.
El lunes 28 de julio, en entrevista con Radio Sucre, Noboa explicó que Ecuador no puede mantener una población penitenciaria extranjera tan numerosa. "No podemos mantener a mil reos extranjeros en nuestras cárceles", declaró. Añadió además: "Un preso extranjero es grupo prioritario, por ejemplo, en salud sobre un joven ecuatoriano de 20, 21 años".
Según el mandatario ecuatoriano, los procedimientos legales fueron cumplidos en cada caso particular. "Se ha seguido los procedimientos legales", afirmó, al tiempo que señaló la existencia de comunicación con la Cancillería colombiana. De todas formas, el presidente Gustavo Petro realizó duras acusaciones al considerar que el gobierno ecuatoriano trata a los deportados colombianos como objetivos militares. "Que el presidente Noboa nos explique ¿Por qué considerar seres inermes como los colombianos que se devuelven, es un objetivos militar? Eso es fascismo, y el fascismo se combate". A lo que Noboa respondió: "No creo que está bien, no estoy de acuerdo tampoco".
La Cancillería de Colombia informó el 26 de julio a través de un comunicado que "adelanta las labores necesarias para garantizar la atención digna en el regreso de estas personas al país". Ese mismo día, la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, se trasladó al puente internacional de Rumichaca junto con un equipo interinstitucional para verificar el arribo de los deportados.
De acuerdo con las autoridades colombianas, cerca de 450 ciudadanos ya habían ingresado al país, mientras otros permanecían en la frontera. La Cancillería indicó que solo se disponía de antecedentes judiciales de 348 personas, por lo que solicitó formalmente la información restante mediante nota verbal dirigida a Quito.
Colombia calificó el procedimiento como un "gesto inamistoso" y cuestionó la ausencia de un protocolo bilateral previo que garantizara condiciones dignas y seguridad en la deportación. Asimismo, evalúa posibles medidas diplomáticas ante lo que considera una violación al derecho internacional.
El gobierno ecuatoriano respondió que las expulsiones fueron ejecutadas caso por caso y no de forma colectiva. Alegó haber informado a Colombia desde el 8 de julio, y que cada deportación se sustentó en resoluciones judiciales y boletas de excarcelación emitidas conforme a la ley local.
Desde la red social X, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, afirmó: "Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años". Las declaraciones de ambos gobiernos reflejan un clima de desconfianza creciente.
La relación bilateral ya mostraba signos de deterioro. En abril de 2025, Petro evitó reconocer los resultados electorales en Ecuador y apoyó denuncias de fraude impulsadas por sectores del correísmo. Aunque asistió a la toma de posesión en mayo, su presencia estuvo marcada por una solicitud explícita de liberar al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y descrito por Petro como un "preso político".
A lo largo de sus 586 kilómetros de frontera, Colombia y Ecuador compartieron vínculos en organismos regionales como la Comunidad Andina. No obstante, eventos como la crisis de Angostura en 2008 o las disputas por el suministro eléctrico durante el estiaje de 2024 reflejan una relación bilateral marcada por altibajos.
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