Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La protección de menores víctimas de violencia sexual enfrenta retrasos que dificultan las investigaciones, prolongan la atención y aumentan el riesgo de nuevas afectaciones. La Procuraduría General de la Nación alertó que persisten fallas para activar las rutas institucionales y coordinar a las autoridades responsables.
Ante la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría expuso los desafíos que enfrenta Colombia para proteger a menores afectados. El encuentro reunió a funcionarios encargados de investigar estos delitos, garantizar atención especializada y restablecer los derechos vulnerados.
Entre las principales deficiencias aparecen las demoras para conectar los servicios médicos, psicológicos, judiciales y de protección después de conocerse una posible agresión. Esa respuesta tardía puede retrasar la recolección de pruebas, las decisiones judiciales y la aplicación de medidas urgentes.
La Procuraduría también identificó problemas de comunicación entre las instituciones que participan durante las distintas etapas de cada proceso. Como consecuencia, las víctimas pueden repetir testimonios, enfrentar periodos prolongados sin respuesta o continuar expuestas a entornos de riesgo.
Atención tardía aumenta el riesgo de revictimización
María Fernanda Rangel Esparza, procuradora delegada para asuntos de infancia, adolescencia, familia y mujer, pidió fortalecer la atención integral a las víctimas. Su intervención destacó que la protección debe mantenerse durante las entrevistas, valoraciones médicas, investigaciones y actuaciones judiciales.
La revictimización ocurre cuando una persona afectada enfrenta nuevas consecuencias durante la denuncia o el proceso institucional posterior. Puede presentarse mediante interrogatorios repetidos, esperas innecesarias o procedimientos que no protejan adecuadamente su privacidad, seguridad y dignidad.
El mecanismo también servirá para revisar el estado de las investigaciones y vigilar las actuaciones vinculadas con el restablecimiento de derechos. Su aplicación deberá mostrar dónde ocurren las fallas y qué instituciones tienen pendientes dentro de cada expediente.
Cifras reflejan mayor presión sobre las instituciones
Los registros disponibles muestran que estas deficiencias coinciden con una creciente demanda de atención especializada dentro del sistema colombiano. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pasó de 476 atenciones durante 2022 a 1.333 durante 2025.
El aumento fue cercano al 180%, aunque la institución aclaró que las atenciones registradas no equivalen necesariamente a casos confirmados. Durante cuatro años, el organismo contabilizó 4.381 acompañamientos relacionados con violencias basadas en género contra menores.
Las plataformas digitales también ampliaron las modalidades de abuso y explotación sexual enfrentadas por adolescentes conectados a internet. Datos presentados durante el encuentro indican que 21% sufrió alguna forma de agresión facilitada por medios tecnológicos.
Dentro de los casos reportados aparecen imágenes sexuales enviadas sin consentimiento, pagos ofrecidos por fotografías y presiones para compartir contenido explícito. Estos hechos dificultan la identificación de responsables, la preservación de pruebas digitales y la protección inmediata de las víctimas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal practicó 4.572 exámenes por presunto delito sexual durante el primer trimestre informado. Del total, 3.456 correspondieron a menores, una proporción equivalente al 75% de todas las valoraciones.
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