Ciudad de México,
Emiliano Fuentes
Crédito foto: Unsplash
Asociaciones Público-Privadas (APP) podrían ser opción ante crisis económica y finanzas públicas disminuidas. Significaría una forma de atraer al sector privado para levantar la infraestructura pública necesaria, delegando algunas responsabilidades y riesgos al sector privado.
En el caso de México, ocupa el lugar 48 entre 141 naciones evaluadas, esto según el Índice de Competitividad Global 2019, publicado por el Foro Económico Mundial. Así, las APP significan una opción para traer al sector privado en un entorno difícil donde la hacienda pública resulta muy disminuida.
Dicha figura es un contrato legalmente vinculante entre gobierno y empresas privadas para la prestación de bienes y servicios. De manera que se pueda generar un entorno apto para dichas figuras, se debe desarrollar una atractiva cartera de proyectos por parte del gobierno, respondiendo a un Plan Nacional de Infraestructura con APP desde una perspectiva de proyectos ordenados a partir de las necesidades más apremiantes y así poder atraer diversos fondeos de diversas partes del mundo por lo cual tienen que ser viables: técnica, financiera, legal y socio-ambiental.
Para lograr dichos requisitos, las asociaciones público privadas necesitan ser estructurados bajo parámetros que permitan atraer a inversionistas privados y la obtención de financiamiento por parte de la banca local y/o internacional. Asimismo, se necesita elaborar el plan de infraestructura a nivel nacional incluyendo estas figuras, de manera que se incluya una lista de proyectos prioritarios a partir de una evaluación objetiva para la asignación de concesiones.
También habrá de lograr una adecuada distribución en los riesgos a partir de una identificación, meditación entre los posibles socios del sector privado y los representantes del estado. De esta forma se podrá lograr que el riesgo quede en la parte que puede administrarlo de la mejor manera y al menor costo.
Por parte del gobierno, se vuelve indispensable la existencia de un compromiso de respetar los acuerdos pactados con los inversionistas de manera que sientan apoyo político y estabilidad. Los contratos deben estructurarse para proteger los inversionistas ante cambios en las condiciones económicas y políticas del país que afecten negativamente el contrato.
Así, ante la crisis económica en México desatada por la pandemia por Covid-19, las APP podrían ser una opción para hacer frente a proyectos de infraestructura pública necesarios en el país y ayudar a reactivar la economía. Entre más experimentado y fuerte sea el inversionista privado, será más fácil que se tengan menores problemas en la ejecución de los proyectos, de manera que la conjunción de experiencia y capacidad del inversionista privado (gerencial, técnica y financiera) resulte muy atractivo para la difícil situación económica actual.