Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Trabajadores mexicanos que reciben alguna pensión lo hacen con una baja tasa de reemplazo, un monto del 20 por ciento al 30 por ciento de su último sueldo. Esto ubica a México con el indicador más bajo de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El sistema de pensiones mexicano tiene este comportamiento debido a la inestabilidad del trabajador promedio, cambiante entre el mercado formal e informal. En este sentido, el trabajador deja de cotizar, por lo tanto, cuando llega a los 65 años no logra juntar las semanas mínimas requeridas que se piden bajo el sistema de afores actual.
El actual sistema de pensiones, por su diseño, es oneroso y representa fuertes presiones en las finanzas públicas de México. El gasto público en este rubro ha crecido en recientes años de manera alarmante. Para 2020, el monto destinado por el gobierno federal para fondear el sistema de pensiones asciende a un billón de pesos, lo que representa un incremento del 6% con respecto a 2019.
Los trabajadores requieren mínimo 1,250 semanas cotizadas y tener 65 años de edad para obtener una pensión, que dependerá del monto acumulado en su afore durante dichas semanas. Las tasas de aportación que los trabajadores ahorran representan apenas el 6.5%, dos o tres veces menor a comparación del estándar internacional.
Aun así, esta meta es muy difícil de alcanzar para la mayoría de los trabajadores. Un ejemplo claro es el hecho de que tan solo el 25% de la "Generación Afore", a la cual pertenecen aquellos que comenzaron a cotizar a partir de 1997, logrará cumplir el total de semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada. Esto representa apenas el 4.0% de la población trabajadora.
Otro problema grave en materia de pensiones en México es la coexistencia de distintos sistemas de pensiones, que dificultan la obtención de una pensión digna para los trabajadores que cambian de empleos con diferentes esquemas de pensión, pues todos estos sistemas bajo diferentes reglas, no permite el reconocimiento de derechos de los trabajadores de manera clara.
Muchas propuestas se fundamentan en que los trabajadores ahorren más y, si no es suficiente, sea el Estado el que pague porque tienen baja densidad de cotización o en su defecto aminoren las semanas mínimas de cotización para los trabajadores, con consecuencias a largo plazo.
Disminuir las semanas de cotización para los trabajadores aliviaría de forma mínima y temporal la baja densidad de cotización, pero significaría más costo fiscal al Estado, porque para quienes tengan ahorros insuficientes la fuente de financiamiento serían los recursos públicos. En una economía como la mexicana, con más de la mitad de los trabajadores en el sector informal, urge una reforma que posibilite a todos los trabajadores, tanto formales como informales, el acceso al sistema de pensiones con especial atención a los que no tienen grandes posibilidades de ahorrar.
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