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El coronavirus COVID-19 suele abordarse a partir de sus repercusiones en los países que figuran dentro del G-20, las principales economías avanzadas y mercados en desarrollo; sin embargo, de acuerdo con el World Economic Forum (WEF) 900 millones de personas se encuentran en riesgo debido a las condiciones desfavorables de recursos e infraestructura en los países menos desarrollados.
Frente a este hecho, el WEF recomienda que la comunidad global, especialmente aquellos gobiernos en el G-20, tomen medidas para ayudar a los países más vulnerables y menos desarrollados. Estas medidas son: coordinación temprana de distanciamiento social, con el objetivo de mitigar la propagación directa; planificación para responder con instrumental y equipo médico de pruebas; inversión en hospitales y medicamentos; asegurar un suministro indefinido de medicamentos cruciales con objeto de tratar las pandemias correspondientes, con el COVID-19 como punto de partida; respetar la comunicación y protocolos entre los equipos de cuidado de salud y la tecnología; y asegurar el acceso oportuno a las vacunas.
Por su parte, con respecto a las crisis económicas que experimentan estos países durante la pandemia, el Fondo Monetaria Internacional (IMF) y el Banco Mundial aprobaron la candidatura de Somalia para ser acreedora a una reducción de su deuda externa, a través de la iniciativa HIPC (países en pobreza altamente endeudados, por sus siglas en inglés), esto indica una nueva deuda de 556 millones de dólares, frente a la suma original de 5.2 billones de dólares. No obstante, el proceso para determinar dicha solicitud toma tres años, lo que representa un alivio a largo plazo en contraposición a la pandemia de COVID-19 y la necesidad de su atención inmediata.
Según las declaraciones del primer ministro de Somalia, Abdirahman Dualeh Beileh, en el blog del IMF, el COVID-19 representa un mayor riesgo al sumarse a otra lista de problemas cruciales en su país entre los que resaltan: la falta de cohesión social y política, carencias institucionales y ausencia de organismos para salvaguardar a su población, en tanto Somalia no ha tenido un gobierno reconocido de manera legítima en 20 años.
Ante un escenario de semejante incertidumbre, volatilidad económica, social, geopolítica y cultural, los recursos derivados del ahorro por formar parte de la iniciativa HIPC se emplearán con objeto de generar empleos para los jóvenes de Somalia, que conforman el 70% de su población; Abdirahman agrega que este factor resulta esencial para ganar la confianza en las instituciones gubernamentales luego de una ausencia tan prolongada.
La contribución económica realizada por la agencia de apoyo a las comunidades en situación de riesgo, Diaspora Community Services, ha sido fundamental para mejorar las condiciones de las familias en Somalia, ya que con su contribución fue posible alimentar al 80% de su población.
Asimismo, Abdirahman prevé que, a partir de la ayuda correspondiente, el gobierno de Somalia podría ser autosuficiente en un periodo de cinco años; durante ese tiempo se deben erradicar los préstamos externos, para mitigar la deuda externa, y la economía habrá de operar con recursos internos con objeto de reconstruir su infraestructura. Aunque este es sólo uno de los muchos casos a nivel internacional para recibir ayuda de países desarrollados y así enfrentar la crisis sanitaria actual.
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