Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La despenalización del aborto en el Estado de México hasta las 12 semanas de gestación, publicada el pasado 7 de diciembre en la Gaceta de Gobierno, marcó un cambio significativo en el Código Penal estatal. Con esta reforma, los artículos 248, 249, 250 y 251 fueron modificados para establecer que la interrupción voluntaria del embarazo dentro de este periodo no constituye un delito.
Activistas y colectivas feministas comenzaron a impulsar la creación de leyes secundarias las cuales aseguren la correcta aplicación de esta medida. En mesas de trabajo con instituciones como la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica del Estado de México, las colectivas resaltaron que buscan garantizar que se respeten los derechos establecidos en la reforma y se eviten negligencias en el sector salud.
María Gabriela Hernández, integrante de Marea Verde Edomex, destacó que estas leyes secundarias son esenciales para implementar la reforma de manera efectiva. En entrevista con Mexiquense Digital, explicó que la base de esta reforma se encuentra en el modelo implementado hace 17 años en la Ciudad de México.
"La reforma está respaldada por los lineamientos técnicos de la NOM-046, las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Estos lineamientos establecen protocolos médicos específicos, como dosis de medicamentos y condiciones de atención en casos de comorbilidades", detalló Hernández.
En el Estado de México, el Código Administrativo contempla la creación de unidades especializadas para acompañar a personas que decidan interrumpir su embarazo en las causales previamente reconocidas, como malformaciones fetales, riesgo para la salud o casos de violencia sexual. Según Hernández, "el personal médico tiene la obligación de brindar este servicio, independientemente de que las leyes secundarias aún están en desarrollo".
Las colectivas pidieron a las autoridades que se refuercen los mecanismos de vigilancia para evitar prácticas indebidas, como desinformar sobre el tiempo de gestación con el objetivo de negar el acceso al servicio. "Es fundamental evitar prácticas como engañar a las mujeres sobre el tiempo de gestación para que sobrepasen las 12 semanas y ya no puedan acceder al servicio", señaló la activista.
Además, Gabriela Hernández hizo énfasis en la importancia de que las mujeres y personas gestantes reciban información clara y oportuna al momento de buscar atención médica. "Ya existen las unidades, los medicamentos y los protocolos; ahora es cuestión de informar y garantizar que se brinde el servicio sin discriminación ni excusas", puntualizó.
En cuanto al impacto de esta reforma, expresó que se trata de un paso importante para tratar el aborto como un tema de salud pública. Durante su entrevista, recordó el trabajo de más de 17 años para alcanzar este logro en el Estado de México.
"Tuvo que haber voluntad política de la gobernadora, de la Legislatura, pero es necesario reconocer todo el trabajo en territorio que hacen las colectivas, el acompañamiento de cientos de mujeres. Tuvimos que esperar 17 años desde que se despenalizó en la Ciudad de México", comentó.
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