
Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley general en materia de feminicidio. Con ese cambio, el delito podría castigarse con criterios comunes en todo el país y dejar atrás las diferencias legales entre entidades.
En Ciudad de México, el 22 de abril de 2026, el pleno avaló la modificación al artículo 73 de la Constitución con 467 votos a favor. El dictamen faculta al Congreso para legislar de manera general sobre feminicidio, una atribución que busca homologar la tipificación, las sanciones y la actuación de las autoridades frente a este delito.
Dicha votación ocurrió en una jornada de amplio consenso legislativo, pero también en medio de reclamos por la persistencia de la violencia de género. La minuta había sido enviada previamente por el Senado y deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, según la información proporcionada.
El cambio constitucional abre una nueva etapa legislativa. Una vez concluido el proceso de reforma, el Congreso tendrá 180 días para expedir la Ley General en Materia de Feminicidio. Este deberá establecer un tipo penal único y sanciones uniformes para evitar que la gravedad del castigo dependa del estado donde ocurra el crimen.
Durante el debate, la diputada federal de Morena, Julieta Vences, dijo: "No es solo una modificación jurídica la que hoy hacemos, esta es una respuesta histórica para saldar la deuda que tenemos con las mujeres de nuestro país (…) necesitamos una ley que permita que este tipo de delitos no queden en la impunidad, no queden en la opacidad y no se invisibilice". La intervención colocó el foco en la falta de resultados que distintas fuerzas políticas han recibido como crítica por la atención de este delito.
Respecto a la futura ley, también buscará ordenar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. De acuerdo con el contenido del dictamen, esa legislación deberá fortalecer las bases para la investigación, persecución y sanción del feminicidio, además de articular acciones de protección para mujeres y menores.
Otro de los puntos centrales será la eficiencia judicial. La intención es que las instituciones operen bajo lineamientos comunes y que los casos no enfrenten criterios distintos según la entidad. Esto tanto en la definición del delito como en la respuesta ministerial y judicial.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto fue enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación. Ese paso será necesario para que la modificación entre en vigor y el Congreso pueda comenzar el conteo del plazo de 180 días para emitir la nueva ley general.
Finalmente, esta medida fue presentada como parte de los compromisos del Gobierno Federal y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que incluye la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia entre sus ejes. El siguiente tramo del proceso será la discusión en congresos locales y, en caso de obtener las aprobaciones requeridas, la elaboración de la ley que unifique el combate al feminicidio en México.
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