Foto: X @Legismex
El 26 de septiembre de 2024, el Congreso del Estado de México aprobó dos minutas de reforma constitucional: una para establecer la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otra para reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ambas reformas reflejan cambios en la estructura de seguridad pública y en el reconocimiento de derechos colectivos.
La primera reforma, que reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y les otorga autonomía, fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, sin necesidad de discusión. Esta medida representa un avance en la protección de los derechos de estas comunidades, dándoles mayor control sobre su patrimonio y formas de organización.
En contraste, la minuta que propone la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena fue tema de debate y se aprobó con 53 votos a favor y 20 en contra. Los legisladores de Morena, PT, PVEM y la diputada independiente Paola Jiménez respaldaron la reforma, mientras que las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC manifestaron su desacuerdo, argumentando que la seguridad pública debe seguir siendo responsabilidad de las fuerzas policiales civiles.
Posturas divididas en torno a la Guardia Nacional
Previo a la votación, representantes de los diferentes grupos parlamentarios expusieron sus posturas sobre la minuta de la Guardia Nacional. Omar Ortega Álvarez, coordinador del PRD, criticó la rapidez con la que se abordó la reforma y argumentó que el fortalecimiento de las policías locales debería ser la prioridad. Diputados del PAN y PRI coincidieron en este enfoque, sugiriendo que la seguridad pública debe gestionarse mediante policías estatales y municipales.
Juan Zepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano, fue más allá al citar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalando que las fuerzas armadas no deberían involucrarse en labores de seguridad pública. En sus palabras, "la estrategia que impera en el país desde hace 18 años para enfrentar la inseguridad no ha dado los resultados que la ciudadanía merece".
Por otro lado, defensores de la reforma, como Octavio Martínez Vargas, de Morena, destacaron que la Guardia Nacional mantendría su carácter civil, pero bajo una coordinación más profesional con el Ejército. Además, subrayó que la tragedia de Ayotzinapa ocurrió bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, y no en la actual administración.
Implicaciones a nivel nacional
Con esta votación, el Estado de México se convierte en la 18ª entidad en aprobar la minuta sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que refuerza la tendencia a nivel nacional hacia una mayor participación militar en asuntos de seguridad pública. Asimismo, la reforma sobre la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos ha sido avalada en 21 estados, consolidando un avance en el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Las reformas aprobadas en el Congreso mexiquense abren un nuevo capítulo tanto en el fortalecimiento del control militar en la seguridad pública como en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Si bien la primera ha generado un debate amplio y divisiones en la legislatura, la segunda ha sido unánimemente respaldada, subrayando la importancia de avanzar hacia una mayor inclusión y protección de los derechos de las minorías en el país.
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