
Foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
Ante el incremento de denuncias por despojo de inmuebles, el Congreso del Estado de México analiza reformas para endurecer las penas hasta con 25 años de prisión. Actualmente, el delito está tipificado en el Código Penal con penas de uno a cinco años.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, indicó que ya se trabaja en propuestas que fortalezcan la defensa legal de la propiedad. Además, llamó a la ciudadanía a tener en regla sus documentos para poder denunciar formalmente. Tres iniciativas presentadas por Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el PRI, así como un punto de acuerdo, podrían discutirse en un periodo extraordinario. Según el legislador, existe consenso entre los grupos parlamentarios para priorizar este tema.
Octavio Martínez Vargas, diputado de Morena, propuso tipificar el despojo como delito grave. Planteó penas de cinco a 10 años cuando se ejerza violencia física, se forcen cerraduras, o se actúe con intimidación o engaños. Martínez también sugirió sancionar el uso ilegítimo de la fuerza pública o el uso de documentos falsos. Además, pidió acelerar los juicios de restitución cuando el afectado demuestre la propiedad legal del inmueble.
Desde la misma bancada, José Miguel Gutiérrez Morales propuso sanciones de hasta 17 años de cárcel y multas equivalentes a 678 mil pesos. Su propuesta aplica incluso si la posesión del bien está en disputa. Por parte de MC, la diputada Ruth Salinas Reyes propuso penas de hasta 25 años y 500 días multa. Esta iniciativa incluye agravantes si la víctima es una persona adulta mayor, indígena o en situación de vulnerabilidad.
Salinas también planteó sanciones para funcionarios públicos que participen o inciten el despojo. Incluye sanciones adicionales si se trata de propiedades protegidas como áreas naturales. Finalmente, Lilia Urbina Salazar del PRI propuso un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México a establecer una estrategia interinstitucional con los gobiernos federal y municipales.
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