Foto: Infoem
El Congreso del Estado de México prevé concretar la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INFOEM), medida que implicará una erogación aproximada de 60 millones de pesos por concepto de liquidaciones, impuestos y prestaciones, según lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez Rodríguez.
De acuerdo con el legislador, el proceso se enmarca en una estrategia federal para homologar las instituciones de transparencia en todo el país. La extinción del organismo deberá ejecutarse antes de que finalice el año. El INFOEM opera actualmente con cerca de 200 trabajadores, según reportó el comisionado presidente José Martínez Vilchis.
También precisó que, tras la reforma constitucional local, el instituto dejará de recibir presupuesto y perderá capacidad operativa, aunque deberá continuar sus funciones mientras cuente con personal y recursos. "Ellos siguen cobrando su quincena y tienen la obligación de trabajar hasta que bajen la cortina. El INFOEM puede seguir sancionando y tiene la facultad y obligación de atender hasta que deje de haber trabajadores", declaró.
Vázquez Rodríguez indicó que el proceso contempla el respeto a los derechos laborales de la plantilla y el resguardo de la base de datos institucional. Aún se analiza si la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) o la Contraloría del Congreso asumirá formalmente la custodia de expedientes y sistemas electrónicos.
Respecto al personal directivo, el legislador aseguró que los comisionados también recibirán su liquidación completa. "El presidente del INFOEM es el que menos quiere irse, pero debe cumplir con sus funciones hasta el último día", comentó.
En paralelo, el Congreso local evalúa más de 100 propuestas de tablas de valores catastrales enviadas por ayuntamientos, con la finalidad de actualizar las bases para el cobro del impuesto predial correspondiente a 2026. Vázquez Rodríguez explicó que algunas solicitudes municipales plantean incrementos de hasta 200%, montos que calificó como inviable ante la situación económica actual.
Incluso anticipó que el rango de ajustes permitidos será de entre 6 y 9%, alineado con los índices inflacionarios y el crecimiento salarial. "No se trata de castigar al ciudadano, sino de mantener finanzas municipales sanas sin afectar su economía", sostuvo.
Añadió que los mismos criterios se aplicarán a la actualización de tarifas de agua, cuya aprobación también corresponde a la Legislatura. Según explicó, las decisiones en materia fiscal buscarán equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los municipios y la capacidad de pago de la población.
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