Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: X @CongresoEdomex
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de México busca sancionar con hasta 16 años de prisión a quienes fabriquen pruebas o incurran en omisiones que alteren un proceso judicial y resulten en la condena de una persona inocente. La propuesta fue registrada por el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, durante la sesión de este miércoles.
El proyecto plantea castigos de entre tres y ocho años de cárcel, multas de 100 a 500 días, así como la destitución e inhabilitación de los responsables. En caso de que la falsificación derive en una sentencia condenatoria contra una persona inocente, la pena se duplicaría, alcanzando los 16 años. Además, si el responsable es un abogado defensor público, la sanción podría aumentar hasta en una mitad.
De aprobarse, el Código Penal estatal sería modificado para tipificar conductas como introducir, manipular, falsificar, destruir, alterar o simular pruebas, además de utilizar de manera indebida testimonios, declaraciones, dictámenes periciales y documentos. También se contempla sancionar omisiones que generen ventajas indebidas o entorpezcan la impartición de justicia.
Por otro lado, la iniciativa prevé reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. De esta manera, dichas conductas serían consideradas faltas graves, lo que habilitaría sanciones administrativas adicionales, como suspensión, destitución o inhabilitación temporal o definitiva para los servidores públicos involucrados.
El legislador subrayó que la iniciativa responde a la necesidad de cerrar espacios de corrupción en procesos judiciales y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. "Estas prácticas no solo distorsionan la verdad procesal, sino que también pueden dar lugar a errores judiciales irreparables, como la condena de personas inocentes", declaró.
Martínez Vargas argumentó que la fabricación de delitos vulnera el debido proceso y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Según su explicación, la redacción vigente del Código Penal resulta ambigua y genera incertidumbre jurídica, lo que abre margen para abusos.
El diputado indicó al final de su intervención que la norma vigente presenta ambigüedades y puntualizó que la iniciativa pretende asegurar procesos judiciales sin margen para actos de corrupción.