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El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) publicó un protocolo especializado como guía práctica para los operadores jurídicos. Esta iniciativa tiene el objetivo de unificar los criterios en justicia medioambiental.
Según la institución, el protocolo de actuación en materia de justicia ambiental es un documento que marcará un antes y un después en la manera en cómo el sistema judicial y la sociedad mexiquense se relacionan con el entorno. El protocolo busca unificar la aplicación de ordenamientos en derecho ambiental.
"El protocolo ofrece un marco integral para abordar y enfrentar los problemas ambientales ocasionados por la intervención humana, desde la contaminación del aire, agua y suelo, hasta la pérdida de biodiversidad", afirmó el Poder Judicial mexiquense.
Mediante este documento, se tiene el objetivo de prevenir el deterioro ambiental, restaurar los ecosistemas dañados y garantizar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano. Así como también, hacer frente a la impunidad de delitos y promover un desarrollo sostenible que equilibre las necesidades de la sociedad con la conservación de la naturaleza.
Este protocolo fue emitido por el Poder Judicial mexiquense en coordinación con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del programa mundial sobre delitos que afectan al medio ambiente, liderado por Marco Antonio del Toral. Para su construcción se realizaron nueve mesas técnicas de trabajo con autoridades federales y estatales, seguridad y gobierno, especialistas y consultores, defensores del medio ambiente y sociedad civil del Estado de México, Michoacán, Baja California Norte y Ciudad de México. Además, se dialogó con comunidades ejidales y pueblos indígenas para conocer las problemáticas y amenazas que enfrentan.
Los principales destinatarios son los jueces y operadores del sistema judicial ya que aplicarán estas directrices en casos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, también está diseñado para ser utilizado por autoridades gubernamentales, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas para crear un esfuerzo colectivo y garantizar el bienestar del entorno natural de la entidad.
Se contempla normativas con sanciones que van desde medidas compensatorias, como la reforestación, hasta indemnizaciones y restauraciones completas de los ecosistemas afectados. Aun así, en el protocolo no solo se establecen castigos, también se promueve la reparación y regeneración del entorno, para que el daño ocasionado no quede impune.
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