Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que judicializó la investigación contra dos funcionarios de la institución por un presunto delito de abuso de autoridad durante la "Operación Atarraya", realizada el 7 de febrero. De acuerdo con la dependencia, la investigación fue presentada ante un juez y la audiencia de formulación de imputación sin detenidos está programada para el 19 de marzo. En esta sesión, un Agente del Ministerio Público y un Comandante de la Policía de Investigación serán citados voluntariamente para el inicio del juicio.
Ambos funcionarios fueron separados de sus cargos mientras se desarrollan las indagatorias. Según la FGJEM, la investigación se originó a raíz de presuntas irregularidades ocurridas en un cateo realizado en un inmueble de la delegación Santiago Miltepec, en Toluca. Dichas irregularidades habrían quedado registradas en un video difundido en redes sociales, lo que motivó la apertura del expediente. En caso de que los implicados no acudan a la audiencia de manera voluntaria, el Ministerio Público podría solicitar órdenes de aprehensión para presentarlos ante un juez.
La "Operación Atarraya" surgió con base en reportes de inteligencia que vincularon ciertos establecimientos, como barberías y bares, con actividades delictivas. Según datos previos de la FGJEM, esta operación permitió identificar 1,337 delitos presuntamente cometidos en negocios con giro de barbería entre el 1 de enero de 2022 y el 6 de febrero de 2025.
Entre los ilícitos registrados se incluyen 206 eventos de lesiones por arma de fuego o punzocortante, 196 denuncias por narcomenudeo, así como 38 casos de homicidio y feminicidio. Además, la Fiscalía documentó 25 hechos relacionados con secuestro, desaparición, trata de personas y privación de la libertad, en los que estos comercios habrían sido utilizados como puntos de retención de víctimas.
Durante la operación, 817 barberías, bares y chelerías fueron intervenidas, de las cuales 413 continúan bajo resguardo porque nadie reclamó su propiedad ante el Ministerio Público. La FGJEM indicó que esto "fortalece las hipótesis investigativas respecto al funcionamiento de este tipo de comercios relacionados con conductas constitutivas de delito o actividades de grupos criminales".