Foto: CDHEM
Una agresión verbal cometida por trabajadores subcontratados durante un evento público en Tlalnepantla expuso una omisión administrativa con consecuencias estructurales. El hecho motivó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) a emitir la Recomendación 10/2025, al confirmar vulneraciones a los derechos de integrantes de la población LGBTTTIQ+.
La agresión ocurrió el 15 de agosto de 2024, durante la planeación del "Primer Festival de Verano JuventudEs; Creando y Emprendiendo en Libertad". Tres hombres vinculados a una empresa privada contratada para tareas logísticas dirigieron comentarios ofensivos a participantes del colectivo. Las víctimas solicitaron apoyo inmediato, pero la respuesta institucional fue tardía e insuficiente, según el informe oficial.
El organismo defensor documentó que la administración municipal incumplió su obligación de actuar con prontitud y empatía ante los hechos. También identificó omisiones en la protección de la imagen de las personas asistentes, ya que una solicitud para evitar la difusión de rostros en redes oficiales solo se atendió tras la intervención de la CODHEM.
Así, entre las medidas recomendadas, se incluyó la creación de un protocolo específico para eventos dirigidos a población de la diversidad sexual y de género, así como la revisión de perfiles del personal asignado a la Coordinación de Inclusión a la Diversidad Sexual. El documento planteó además la apertura de una investigación administrativa a través del Órgano Interno de Control.
Uno de los aspectos que destacó el informe es el uso de personal externo sin controles adecuados. Aunque los agresores no formaban parte de la nómina del ayuntamiento, actuaron dentro de un marco de responsabilidad pública directa. Este punto reactivó el debate sobre los mecanismos de supervisión que deben aplicarse al contratar servicios por parte de instituciones municipales.
A nivel federal, el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia establece lineamientos que, aunque diseñados para fiscalías, incluyen estándares replicables en gobiernos locales. Este documento, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y publicado en el Diario Oficial de la Federación, define criterios mínimos de trato digno, atención diferenciada y capacitación especializada para el personal que interviene en procedimientos relacionados con personas LGBTI+.
También, el protocolo insiste en la necesidad de que los trabajadores públicos y auxiliares cuenten con conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación. También sugiere que todo contacto con personas en situación de vulnerabilidad sea evaluado desde un enfoque preventivo. Estas disposiciones adquieren relevancia frente a situaciones como la registrada en Tlalnepantla.
Además, la CODHEM advirtió que la falta de protocolos, junto con la ausencia de procedimientos claros para personal externo, puede derivar en prácticas de exclusión, decisiones irregulares y afectaciones al interés público. Por ello, subrayó la importancia de contar con mecanismos institucionales que no dependan de la improvisación o la voluntad individual.
Finalmente, las recomendaciones no se limitan a sancionar una falta específica, sino que apuntan a construir una respuesta estructurada y sostenida frente a eventos donde convergen diversidad, representación pública y derechos humanos. En este contexto, la articulación entre normativas nacionales y prácticas municipales se presenta como una tarea pendiente para garantizar entornos seguros e incluyentes.
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