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El Estado de México reporta cerca de 14 mil personas inscritas en el padrón de deudores alimentarios, conforme a datos recientes compartidos por la diputada local Paola Jiménez. Esta cifra posiciona a la entidad como la segunda con más casos a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante los primeros meses de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició 1,143 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Esto representa un promedio de 7.6 denuncias diarias, siendo superada solo por Guanajuato en número de casos.
El artículo 217 del Código Penal estatal establece penas de dos a cinco años de prisión y multas de entre treinta y quinientos días a quien, teniendo la obligación legal, incumpla el deber de proporcionar alimentos a descendientes, ascendientes, cónyuge o concubina sin causa justificada.
La diputada Jiménez señaló en entrevista con "El Sol de Toluca" que el número de personas inscritas en el padrón se mantuvo estable. Esto reflejó un problema estructural que no pudo resolverse con las actuales disposiciones legales. Ante esta situación, el Congreso del Estado de México analiza endurecer el marco normativo para restringir el acceso de deudores a espacios públicos.
"Pareciera que hay padres de familia a quienes les duele más no ir a un estadio que no poder ser votados, entonces lo que hoy tenemos que hacer es apretar donde más les duele. Queremos ampliar el marco normativo para negar centralmente la entrada, principalmente a los estadios de fútbol y otros espacios de diversión", afirmó Jiménez.
Con 162 casos acumulados, el municipio de Toluca encabeza la lista de demarcaciones con más carpetas por este delito. Le siguen Ecatepec con 95, Nezahualcóyotl con 60, Cuautitlán Izcalli con 58, Naucalpan con 50, Tlalnepantla con 47, Tecámac con 46 y Texcoco con 37. Estos ocho municipios agrupan cerca de la mitad de las denuncias en la entidad.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), operado por el DIF nacional, permite consultar si una persona está registrada como deudora mediante su CURP. Esta plataforma, en funcionamiento en 26 entidades, incluyendo el Estado de México, permite además obtener un Certificado de No Deudor Alimentario que puede exigirse para trámites en instituciones públicas.
Desde el Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, informó que los juzgados familiares reciben más de 130 mil asuntos al año, atendidos por cerca de 80 jueces. "El Poder Judicial tiene el deber de garantizar el derecho de los niños, es de primordial cuidado asegurar los alimentos. El incremento en estos asuntos familiares se dio a raíz de la pandemia, cuando se dispararon los casos de violencia familiar y divorcios. Después se comenzó a estabilizar", explicó. Añadió que más del 30% de los casos atendidos corresponden a denuncias por incumplimiento alimentario.
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