Jueves, 04 de diciembre de 2025

Verificación en Edomex, la iniciativa que omite a un actor clave en la contaminación

Reducen presión sobre conductores, pero el transporte colectivo queda fuera del debate ambiental

Ciudad de México, 06-08-2025   Judith Moreno

Crédito foto: Carlos Ortíz (NotiPress)

El transporte público en el Estado de México no está sujeto a sanciones ambientales, a pesar de representar una fuente relevante de emisiones contaminantes. Esta diferencia fue expuesta en el Congreso local durante la presentación de una iniciativa para disminuir las multas por verificación vehicular, centrada únicamente en automóviles particulares.

Actualmente, los conductores que no cumplen con la verificación enfrentan una multa de 3 mil 959 pesos. Movimiento Ciudadano propuso reducirla a mil 697 pesos, al argumentar que estas sanciones afectan a sectores sociales con limitaciones económicas. La propuesta fue presentada en la sesión de la Diputación Permanente del 5 de agosto de 2025.

Durante su exposición, la diputada Ruth Salinas afirmó: "Son un golpe al bolsillo de los mexiquenses". Señaló que no todos los incumplimientos derivan de omisión voluntaria, sino de la falta de recursos para realizar el trámite o cubrir reparaciones mecánicas previas. También agregó que el sistema actual afecta de manera desproporcionada a quienes dependen de sus vehículos particulares.

En ese contexto, destacó que el transporte público también contribuye de manera importante a la contaminación ambiental. Sin embargo, no existen mecanismos equivalentes para fiscalizar o sancionar las emisiones generadas por unidades colectivas, muchas de las cuales circulan con tecnologías obsoletas o sin mantenimiento suficiente.

Por su parte, registros de autoridades ambientales estatales identifican a las unidades anteriores a 2015 como responsables de altos niveles de emisiones. Estas siguen operando principalmente en rutas suburbanas y urbanas. A pesar de ello, el enfoque regulatorio permanece orientado al transporte privado.

La iniciativa también contempla reformas al Código para la Biodiversidad y a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Entre sus disposiciones se establece que los municipios deberán contar con autorización del Congreso local si desean suspender temporal o definitivamente las infracciones vinculadas a la movilidad. Dicha solicitud deberá incluir un sustento técnico y jurídico.

Desde el 1 de julio de 2025, el programa "Hoy No Circula" se extendió a los municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. Las infracciones a esta medida comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Hasta el momento, no se ha especificado si el transporte público formará parte de las restricciones impuestas por este programa.

Al no contemplar medidas regulatorias para el sistema colectivo, la propuesta legislativa mantiene una brecha en el control de emisiones, enfocando las obligaciones ambientales solo sobre automovilistas particulares. Esta exclusión abre un debate sobre la efectividad y alcance de las políticas de reducción de contaminantes en la entidad.

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