Ciudad de México,
Judith Moreno
Crédito foto: Oficina de Asuntos Públicos
Una organización transnacional, integrada por ciudadanos chinos y una residente de Nueva York, admitió su participación en el lavado de más de 90 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. Los acusados se declararon culpables ante la justicia federal, completando así el desmantelamiento de esta célula criminal.
Según documentos judiciales, Enhua Fang, de 38 años, y Jianfei Lu, de 30, ambos de nacionalidad china, junto con Shu Jun Zhen, de 36 años y residente de Staten Island, Nueva York, pertenecían a una organización de lavado de dinero. Esta estructura criminal facilitó la circulación de fondos ilícitos, derivados de actividades de narcotráfico que involucraban la importación y distribución de estupefacientes desde México a Estados Unidos.
En la investigación se detalló que Fang actuaba como coordinadora de un grupo de mensajeros que recogía grandes cantidades de dinero en efectivo en distintos puntos del territorio estadounidense. Dichos fondos superaban los 10 mil dólares por operación y eran depositados en cuentas bancarias pertenecientes a empresas fachada controladas por la red criminal. Fang utilizaba múltiples teléfonos móviles, números cambiantes y aplicaciones de mensajería cifrada para mantener la comunicación con otros operativos en el extranjero y traficantes locales. Conforme a su acuerdo de culpabilidad, reconoció haber gestionado al menos 90 millones de dólares en un periodo inferior a dos años.
Por otro lado, Lu desempeñó funciones logísticas clave dentro de la organización quien supervisaba la recolección de efectivo y organizó los depósitos cuando Fang se encontraba fuera del país. Además, obtuvo licencias de conducir falsas utilizadas por los mensajeros del grupo para facilitar los depósitos bancarios. En su declaración, admitió conocer y participar en el blanqueo de entre 25 y 65 millones de dólares.
Zhen, por su parte, cumplió instrucciones de Fang y Lu para recoger y depositar cerca de 25 millones de dólares, durante estas transacciones, empleó tanto su identidad real como documentos falsificados. Al declararse culpable, reconoció que los fondos provenían del tráfico de drogas o estaban destinados a financiar esas actividades ilícitas.
Cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por los delitos de conspiración y lavado de dinero, así como hasta 10 años adicionales por transacciones financieras con bienes de origen criminal. Las sentencias serán determinadas por un juez federal tras considerar las pautas legales correspondientes.
La investigación fue llevada a cabo por la Administración de Control de Drogas (DEA) y el División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS-CI) en la oficina de Charlotte, mientras que el proceso judicial estuvo a cargo de fiscales del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.
Esta operación evidenció el alcance global del narcotráfico y demostró cómo redes criminales utilizan el sistema financiero formal para mover ganancias ilícitas a través de fronteras, dificultando su detección.