Foto: X @lopezdoriga
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó el 25 de junio a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones de "preocupación primaria en materia de lavado de dinero", en una acción sin precedentes contra el sistema financiero mexicano. La medida, aplicada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), forma parte de la implementación inicial de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, dirigidas a combatir el flujo financiero vinculado al narcotráfico.
Según el comunicado oficial, estas entidades habrían facilitado operaciones vinculadas con los cárteles del Golfo, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para producir opioides sintéticos. En el caso de CIBanco, se documentó la colaboración de un empleado para crear una cuenta que habría lavado 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.
Las acciones de FinCEN incluyen restricciones totales de transferencias desde o hacia estas instituciones, abarcando cuentas tradicionales y direcciones de criptomonedas. En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, medida orientada a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. Vector Casa de Bolsa, que también fue señalada, rechazó las acusaciones y afirmó operar bajo estrictos estándares normativos.
El caso inspiró varios comentarios, entre los cuales se encuentran los de Joaquín López-Dóriga, quien lo calificó como el más severo en la historia reciente contra el sistema bancario nacional. "Este es el más duro golpe contra las instituciones financieras de México que gobierno alguno, en este caso, el de Estados Unidos, haya aplicado contra instituciones bancarias y financieras mexicanas", declaró el periodista.
Añadió que "de esto no hay registro, es una bomba porque de aquí se pueden extender a todas las empresas con las que CIBanco, Intercam y Vector tuvieron relaciones con cárteles del crimen organizado mexicanos ya declarados como organizaciones terroristas internacionales por Donald Trump para lavar dinero y para introducir a Estados Unidos fentanilo".
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al gobierno estadounidense presentar pruebas contundentes que respalden los señalamientos. Según explicó, el informe confidencial recibido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda no incluye evidencia clara que justifique las acusaciones.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas sostienen que las operaciones documentadas se realizaron entre empresas legalmente constituidas. De todas formas, han iniciado revisiones administrativas sin que se haya confirmado la comisión de delitos.
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