Foto: U.S. Air Force Photo / Lt. Col. Leslie Pratt
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos confirmó el despliegue de drones Predator B sobre Los Ángeles durante recientes protestas, con el objetivo de apoyar operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales. Esta operación, reconocida por la propia agencia, evidencia una zona ambigua dentro del marco legal sobre derechos civiles en entornos urbanos y escenarios de movilización ciudadana.
El MQ-9 Reaper, también identificado como Predator B, es un vehículo aéreo no tripulado de capacidad militar. Sus sensores permiten grabaciones detalladas desde alturas elevadas, lo cual plantea cuestionamientos respecto al respeto de libertades constitucionales. Según declaraciones remitidas a WIRED, CBP explicó que sus unidades aéreas se limitan a brindar "conocimiento de la situación y apoyo a la seguridad de los agentes, según se solicite".
A pesar de esas declaraciones, especialistas han advertido sobre implicaciones que exceden el simple apoyo táctico. En palabras de Matthew Feeney, responsable de defensa de Big Brother Watch: "El equipo militar se ha utilizado para la aplicación de la ley nacional durante mucho tiempo, pero el uso de equipo militar sobre Los Ángeles en un momento en que el presidente ha enviado unidades militares contra la voluntad del gobernador es digno de mención".
Durante la administración anterior, se documentaron vuelos similares en otras ciudades, incluidos casos como el de Minneapolis en 2020, tras el fallecimiento de George Floyd. No siempre se ofrecieron justificaciones oficiales sobre la presencia de estos sistemas en zonas urbanas densamente pobladas. Esta práctica reitera patrones de operación que no han sido acompañados por procesos públicos de fiscalización.
Igualmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó en 2015 un compromiso formal mediante su Grupo de Trabajo sobre Privacidad, donde se establece que los datos capturados por sistemas no tripulados "no deben recopilarse, difundirse ni conservarse únicamente con el fin de monitorear actividades protegidas por la Constitución de EE.UU." La CBP reafirmó esta postura a 404 Media al asegurar que "las Operaciones Aéreas y Marítimas no participan en la vigilancia de actividades amparadas por la Primera Enmienda".
Sin embargo, la posibilidad de grabar protestas en curso mediante sensores de alta precisión, plantea dudas sobre el cumplimiento efectivo de esa directriz. Al respecto, Patrick Eddington, investigador del Cato Institute, señaló que "cuanto más se extiendan las protestas a otras ciudades, más tipo de vigilancia veremos".
Faine Greenwood, especialista en tecnologías aéreas, expresó: "No es nuevo ni tan inesperado por parte de una administración Trump asustada, pero sigue siendo un uso terrible de tecnología militar contra la población civil". Aunque sus declaraciones reflejan una opinión, también apuntan a una constante: el incremento del empleo de medios de uso militarmilitar en entornos urbanos sin marcos normativos claramente delimitados.
Así, la CBP no detalló si las operaciones en Los Ángeles forman parte de una rutina estándar o si responden a una situación extraordinaria. Esta ambigüedad legal mantiene abierta la posibilidad de continuar con despliegues similares sin requerimientos judiciales ni mecanismos de transparencia hacia la ciudadanía.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
