Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una nueva reforma migratoria permitirá a la policía de Chile ingresar a viviendas, previa autorización judicial, para detener a extranjeros con órdenes de expulsión vigentes. La medida, aprobada por el Congreso el 20 de octubre de 2026, busca facilitar la ejecución de más de 75.000 expulsiones pendientes.
La iniciativa recibió 37 votos favorables y una abstención en el Senado, después de obtener 128 apoyos y 11 rechazos en la Cámara de Diputados. Entre sus principales disposiciones figura la posibilidad de ingresar a viviendas para detener a personas con órdenes de expulsión vigentes, siempre mediante autorización judicial.
El cambio afecta especialmente a quienes ya tienen una resolución administrativa de expulsión, pues facilita su localización y detención para ejecutar la salida del territorio chileno.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) podrá solicitar autorización a un juez para ingresar al domicilio donde se encuentre una persona con una orden de expulsión vigente. El magistrado tendrá un plazo de 24 horas para resolver la solicitud, mientras que el ingreso policial deberá limitarse a efectuar la detención correspondiente.
Además, las autoridades podrán solicitar información a organismos públicos para localizar a extranjeros y notificarles las resoluciones que ordenan su salida del país. Sin embargo, estos mecanismos de consulta excluyen a menores de edad, establecimientos educativos y centros de salud, conforme a las disposiciones aprobadas.
Senado de Chile
Otro cambio importante consiste en ampliar de tres a cinco años el periodo mínimo de prohibición de ingreso a Chile para determinados casos de expulsión. También se contemplan procedimientos de expulsión inmediata para extranjeros en situación irregular involucrados en ciertos procesos penales, siempre que exista autorización del tribunal correspondiente.
Estas disposiciones no implican una expulsión automática de todos los inmigrantes irregulares, ya que varias medidas requieren órdenes vigentes o decisiones judiciales específicas.
Actualmente, más de 330.000 extranjeros permanecen en situación irregular en Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras miles de expulsiones continúan sin ejecutarse. Cerca de la mitad de las más de 75.000 órdenes pendientes corresponderían a ciudadanos venezolanos, una población especialmente relevante dentro del panorama migratorio chileno.
Durante los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast, las autoridades ejecutaron aproximadamente 1.800 expulsiones, principalmente de ciudadanos colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos.
La situación de los venezolanos presenta dificultades adicionales debido a las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, cuya normalización todavía no se refleja en mayores expulsiones.
El proyecto había sido presentado originalmente en 2024 durante la presidencia de Gabriel Boric y posteriormente fue retomado por la administración de Kast. Su aprobación modifica los mecanismos para ejecutar decisiones migratorias, mientras continúa en el Congreso otra iniciativa que busca convertir la migración irregular en delito.