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Dos reformas de gran alcance concentran la agenda del presidente José Antonio Kast y podrían modificar simultáneamente la respuesta estatal frente al crimen organizado y las reglas económicas. Ambas reciben la denominación de megareformas por la cantidad de proyectos involucrados, la amplitud de sus objetivos y sus efectos sobre ciudadanos, empresas e instituciones públicas.
El Gobierno anunció el 5 de agosto de 2026 un paquete de más de 30 proyectos para combatir organizaciones criminales, delitos violentos y migración irregular. La propuesta incluye una reforma constitucional que establecería expresamente la obligación estatal de proteger la seguridad de las personas.
La iniciativa también convertiría la pertenencia a una organización criminal en un delito autónomo, con penas agravadas para sus integrantes. Además, endurecería las sanciones contra quienes recluten menores para transportar drogas, vigilar territorios o participar en ataques armados.
Seguridad amplía delitos penas y facultades estatales
Entre las medidas anunciadas figura la ampliación del plazo de flagrancia desde 12 hasta 24 horas para facilitar detenciones posteriores a un delito. El paquete contempla además un régimen penitenciario especial para narcotraficantes y nuevas facultades para decomisar y destruir bienes vinculados con organizaciones criminales.
Dentro de las medidas figuran los bloqueos ilegales de calles, el cruce de vehículos y otras acciones ligadas al control territorial. El Ejecutivo pretende acompañar estos cambios con medidas de prevención, recuperación de zonas dominadas por bandas y fortalecimiento de las instituciones encargadas de perseguir delitos complejos.
La migración irregular forma parte de la agenda mediante la ampliación del periodo de retención y de la capacidad efectiva de expulsión. Actualmente, ese plazo alcanza cinco días, aunque el Gobierno todavía no precisó cuánto tiempo propondrá agregar.
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Este paquete recibe la categoría de megareforma por integrar cambios constitucionales, penales, migratorios, penitenciarios y operativos. Su avance dependerá del debate parlamentario y de la capacidad oficial para reunir apoyos en más de 30 iniciativas diferentes.
Reforma económica enfrenta vetos y revisión constitucional
La reforma económica ya superó una etapa más avanzada, después de que el Senado aprobara el 4 de agosto el último artículo pendiente. Su núcleo reduce gradualmente el impuesto corporativo desde 27% hasta 23% en 2029 y modifica 36 leyes y 15 decretos.
El proyecto incorpora exenciones del Impuesto al Valor Agregado para viviendas nuevas, beneficios fiscales para repatriar capitales y reglas especiales para grandes inversiones. Entre ellas aparece la invariabilidad tributaria, que congelaría determinadas condiciones fiscales para proyectos superiores a 50 millones de dólares.
Uno de los principales obstáculos apareció tras la aprobación parlamentaria, cuando el Gobierno anunció vetos parciales contra disposiciones incorporadas durante el debate. Las observaciones abarcan el derecho al olvido financiero, el cobro de intereses sobre intereses y los plazos de pago para pequeñas y medianas empresas.
Cada veto deberá volver al Congreso, donde los legisladores podrán aceptarlo, rechazarlo o insistir en el texto previamente aprobado. Ese proceso puede retrasar la promulgación y modificar el alcance final de una reforma presentada para estimular inversiones, empleo y crecimiento.
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