Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La construcción de un muro en la frontera entre Chile y Perú marca el inicio de una nueva etapa en la gestión migratoria y la seguridad regional. La obra, impulsada por el presidente chileno José Antonio Kast, forma parte del "Plan Escudo Fronterizo", un paquete de medidas que incluye barreras físicas, presencia militar y tecnología de vigilancia para frenar el ingreso irregular de personas y combatir delitos transnacionales.
El 16 de marzo de 2026, apenas cinco días después de asumir el cargo, Kast se trasladó a la región de Arica para supervisar el inicio de los trabajos. Desde el paso fronterizo de Chacalluta, el mandatario sostuvo que comenzaron a frenar la migración irregular, en referencia a los más de 180 mil ingresos irregulares registrados en años recientes. La obra contempla zanjas de tres metros de profundidad, muros de hasta cinco metros y torres de observación.
Como parte del cierre físico en la frontera norte, se desplegaron tropas, vehículos pesados y dispositivos de monitoreo en sectores definidos como críticos. Las autoridades confirmaron que el muro será parte de un sistema integral que se extenderá a lo largo de 500 kilómetros e involucrará también a las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
Según el presidente chileno, esta intervención responde a una demanda ciudadana transversal: "Lo planteamos en la campaña y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de ciento ochenta mil personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta. La estamos cerrando".
Desde Perú, el gobierno declaró el estado de emergencia en Tacna, región fronteriza que podría verse afectada por un efecto embudo tras el cierre del lado chileno. En respuesta, se reforzó la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para contener posibles acumulaciones de migrantes y mantener el orden.
La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Denisse Miralles, señaló que se están evaluando los decretos emitidos por el gobierno chileno. Aseguró que "Perú no dudará en implementar medidas propias" si la seguridad se ve amenazada por el avance del muro. Por su parte, el canciller Hugo de Zela precisó: "Chile está actuando dentro de su territorio, no está haciendo nada en territorio peruano".
Ambos países acordaron establecer un Comité Binacional de Cooperación Migratoria para coordinar respuestas frente a la presión migratoria en el eje Tacna–Arica. Este órgano reúne a las cancillerías y ministerios del Interior con el fin de evitar incidentes en la zona y proteger los derechos de las personas en tránsito.
Según datos oficiales, en Chile residen cerca de 337 mil personas en situación migratoria irregular, principalmente provenientes de Venezuela. Las autoridades chilenas afirman que esta cifra impactó en los sistemas de salud, educación y vivienda, y que el muro busca restablecer el control del ingreso al país.
El gobierno chileno informó que el proyecto se financia con presupuesto interno y está a cargo del Ejército y el Ministerio de Obras Públicas. Se espera que en los próximos 90 días se presenten avances visibles en la infraestructura y se inicie la discusión parlamentaria de leyes complementarias.
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