Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La autorización legislativa abre una nueva etapa en la respuesta estatal frente a bloqueos prolongados de rutas nacionales. Rodrigo Paz podrá recurrir a militares bajo medidas extraordinarias cuando el Ejecutivo declare formalmente un estado de excepción.
En Bolivia, la Cámara de Diputados aprobó el 7 de junio de 2026 la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. La norma ya había recibido aval del Senado y fue enviada al presidente para su promulgación definitiva.
La votación cerró una sesión parlamentaria de cerca de 15 horas, con respaldo de dos tercios de los legisladores. El jefe legislativo Roberto Castro informó que el proyecto quedó listo para pasar al Ejecutivo.
Esta ley modifica el margen de acción presidencial durante crisis internas al ordenar cómo deben declararse las medidas extraordinarias. Cada estado de excepción deberá formalizarse mediante un decreto supremo debidamente fundamentado por el Gobierno.
Dicho decreto tendrá que precisar el territorio afectado, el período de vigencia y las medidas autorizadas. También deberá identificar las instituciones encargadas de ejecutar las acciones definidas durante la emergencia.
La norma fija un límite máximo de 90 días para la vigencia del estado de excepción. Cualquier ampliación posterior deberá recibir autorización de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el procedimiento aprobado.
Uno de los cambios centrales incorpora la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de restablecimiento del orden. Esa intervención podrá aplicarse cuando las circunstancias sean consideradas suficientes dentro del marco del estado de excepción.
El texto también establece mecanismos de control institucional y garantías destinadas a resguardar derechos ciudadanos durante la aplicación de medidas extraordinarias. Entre sus disposiciones aparece la "presunción de legalidad" para militares y policías durante ese período.
La aprobación ocurre mientras campesinos, mineros, transportistas y otros sectores mantienen bloqueos en distintas carreteras del país. Los manifestantes exigen la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia seis meses antes.
Estos cortes afectan al menos 80 puntos estratégicos y dificultan el transporte de alimentos, medicinas y combustibles. La Paz y El Alto registran una situación crítica por el desabastecimiento, según los reportes disponibles.
x @Rodrigo_PazP
Cochabamba, Oruro y Potosí también enfrentan impactos por las interrupciones en rutas, aunque con menor intensidad. En estaciones de servicio se reportan filas extensas por la distribución limitada de combustibles.
La crisis económica, descrita como la peor del país en cuatro décadas, elevó la presión sobre el Gobierno. En mercados locales, algunos reportes señalaron aumentos en productos como carne y verduras durante las semanas de protesta.
Paz afirmó en redes sociales que La Paz y El Alto todavía atraviesan momentos difíciles, aunque mencionó avances en la distribución. Entre los datos reportados figuran más de un millón de litros de combustible y 40.000 bombonas de gas.
La aplicación de la ley dependerá ahora de la promulgación presidencial y de una eventual declaración formal de estado de excepción. Ese paso definirá si las Fuerzas Armadas intervienen en rutas bloqueadas bajo las condiciones aprobadas por el Congreso.