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Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Trinidad y Tobago atraviesan un momento crítico tras la detención de un ciudadano trinitense en territorio venezolano. Autoridades de Caracas lo acusan de estar vinculado a un supuesto plan terrorista. La situación generó reacciones inmediatas por parte del gobierno trinitense, que anunció medidas de seguridad reforzadas y una revisión de su política hacia los migrantes venezolanos.
El jueves 5 de junio, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien asumió el cargo en abril, declaró en rueda de prensa que su país considerará medidas severas contra embarcaciones no identificadas provenientes de Venezuela. "Buscaré asesoramiento para que la Guardia Costera use la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese desde Venezuela", afirmó la funcionaria ante los medios.
Un día antes, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó sobre la detención del ciudadano trinitense. Cabello declaró: "No solo son colombianos los que están entrando por Trinidad, también están entrando mercenarios de Trinidad, está detenido, a buen resguardo, respetándole sus derechos humanos y son parte de un grupo de terroristas que querían entrar a Venezuela". No se ofrecieron detalles adicionales sobre el caso.
En consecuencia a estas acusaciones, Persad-Bissessar señaló que su administración no recibió pruebas que sustenten las declaraciones de Caracas. La primera ministra consideró dichas afirmaciones como una "amenaza" a su país y expresó su rechazo a las imputaciones.
Además, la mandataria anunció que se revisará el enfoque gubernamental respecto a los aproximadamente 60.000 venezolanos que residen actualmente en Trinidad y Tobago. Estos migrantes comenzaron a llegar en 2013, impulsados por la crisis económica en Venezuela, cuyo PIB se ha contraído en un 80% en la última década. Según datos de la ONU, más de siete millones de venezolanos abadonaron su país en ese período.
En su declaración, Persad-Bissessar sostuvo: "Les aconsejo a los migrantes venezolanos que están aquí que, por favor, comiencen a regresar a su país". La primera ministra argumentó que los delitos que involucran a nacionales venezolanos "siguen aumentando", sin ofrecer cifras concretas.
La tensión ocurre poco después de que Trinidad y Tobago saliera del estado de emergencia instaurado en diciembre de 2024 debido a la violencia de pandillas. Durante ese año se reportaron más de 600 homicidios, cifra superior a la registrada en 2023. De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el país tuvo una tasa de homicidios de 37 por cada 100.000 habitantes en 2023, posicionándolo como el sexto más peligroso del mundo.
En el ámbito energético, Venezuela y Trinidad y Tobago mantienen proyectos conjuntos en el campo gasífero Dragón. Sin embargo, estas operaciones enfrentan obstáculos debido a sanciones impuestas por Estados Unidos. En abril, Washington revocó la licencia que permitía al país isleño explotar yacimientos junto a Venezuela y anunció sanciones para empresas extranjeras que operen en territorio venezolano.
Aunque Persad-Bissessar no hizo mención directa a los proyectos energéticos binacionales, expresó su respaldo a la política estadounidense. "Ninguna retórica del gobierno de Nicolás Maduro puede crear división entre este gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Apoyamos firmemente al gobierno de Estados Unidos en asuntos relacionados con Venezuela", declaró.
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