Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: x @PMOPHN
Dos ataques atribuidos al crimen organizado dejaron al menos 25 muertos, entre civiles y agentes policiales, durante una jornada de alta violencia en Honduras. La ofensiva ocurrió pocos días después de la aprobación de reformas penales contra extorsión, pandillas y redes criminales.
Los hechos se registraron el 21 de mayo de 2026 en Trujillo, departamento de Colón, y Omoa, departamento de Cortés. Ambas zonas están ubicadas en el norte de Honduras, una de ellas cerca de la frontera con Guatemala.
El ataque con mayor número de víctimas ocurrió en Trujillo, donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas. Autoridades vinculan esa zona con disputas entre bandas por fincas de palma africana y rutas del narcotráfico.
"Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida", dijo Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, a la televisora HCH.
En Omoa, cinco agentes policiales murieron durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en una zona fronteriza. Los agentes pertenecían a una unidad antipandillas y habían llegado a Corinto para capturar a un presunto capo del narcotráfico.
"Ellos permanecían desaparecidos y en este momento podemos confirmar que se encontraron los cuerpos de los cinco policías", comentó Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional.La Policía Nacional informó previamente sobre un civil fallecido en ese mismo hecho. Equipos de seguridad localizaron los cuerpos de los agentes en un sector montañoso cercano a la frontera entre Honduras y Guatemala.
Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, atribuyó ambos ataques a grupos organizados, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los responsables. La Policía indicó que las causas permanecen bajo investigación y que las zonas serán intervenidas.
El Congreso Nacional aprobó esa misma semana reformas al Código Penal para ampliar sanciones contra extorsión, pandillas y estructuras criminales. Las medidas elevan las penas por extorsión a entre 15 y 20 años de prisión.
La reforma establece prisión a perpetuidad si la víctima muere como consecuencia directa de una extorsión. También considera consumado el delito aunque el pago exigido no llegue a concretarse.
El paquete legal amplía la responsabilidad penal a quienes recojan dinero, faciliten cuentas bancarias o administren bienes producto de extorsiones. También elimina procedimientos abreviados en casos relacionados con ese delito.
Otro cambio permite catalogar como organizaciones terroristas a maras, pandillas y redes criminales transnacionales. La medida aplica cuando estas estructuras operen con violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial o vínculos con narcotráfico.
Estas reformas autorizan mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y crean la Agencia Nacional contra el Crimen. Esa entidad coordinará inteligencia, investigación criminal y operaciones entre instituciones de seguridad del Estado.
La Secretaría de Seguridad informó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervendrán las zonas afectadas. Las operaciones incluirán equipos fiscales, unidades de inteligencia y especialistas forenses para identificar responsables y esclarecer los ataques.