Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Un tema central en el debate sobre discriminación y derechos civiles en Estados Unidos fueron las disparidades raciales en los logros académicos. Según un artículo publicado por el Instituto Mises, estas brechas, a menudo atribuidas automáticamente a la discriminación, dieron forma a políticas educativas y marcos legales los cuales priorizan las estadísticas raciales sobre otros factores contextuales.
La teoría crítica de la raza sostiene que cualquier diferencia significativa en los logros entre grupos raciales debe explicarse a partir de la discriminación. Sin embargo, esta premisa fue cuestionada por críticos como Thomas Sowell. En su libro Disparities and Discrimination, Sowell argumenta que las disparidades no necesariamente reflejan discriminación, afirmando que "existe una suposición subyacente de que si no hubiera discriminación prevalecería la igualdad, lo cual históricamente se demostró que es erróneo". Según el análisis de Mises, Sowell destaca que las diferencias en talentos, habilidades y experiencias individuales hacen improbable a los logros ser uniformes incluso en condiciones de igualdad de oportunidades. De hecho el Instituto defiende la desigualdad en el capitalismo.
Uno de los pilares de la política de derechos civiles los cuales busca abordar estas disparidades es el concepto de "impacto desigual". Este término, introducido por la Corte Suprema en el caso Griggs v. Duke Power Co. de 1971, permite tratar las diferencias estadísticas como evidencia de discriminación, sin necesidad de probar intención discriminatoria. Según el Departamento de Justicia, este abordaje centra su análisis en los efectos de las políticas, más allá de sus motivos. Esto llevó a que las estadísticas raciales sean utilizadas para justificar investigaciones y acciones legales bajo la presunción de desigualdad sistémica.
En el ámbito educativo, esta lógica impulsó estrategias diseñadas para reducir o eliminar las disparidades numéricas. El artículo señala que algunas escuelas implementaron medidas como las "matemáticas antirracistas", donde las respuestas incorrectas no se califican como tales para evitar reflejar brechas raciales en los resultados. Estas prácticas buscan, en parte, evitar investigaciones costosas por parte de la Oficina de Derechos Civiles, los cuales en 2024 contaba con un presupuesto de 178 millones de dólares. Sin embargo, estas estrategias han sido criticadas por su perspectiva en los datos estadísticos por encima de los problemas educativos estructurales.
También cita a Lew Rockwell, quien describe este sistema como "un truco legal" el cual convierte las brechas numéricas en pruebas de discriminación sin considerar otros factores contextuales. Según Rockwell, esta burocracia basada en datos transformó la lucha contra la discriminación en una industria que prioriza la percepción social sobre las soluciones prácticas.
Mises concluye que el marco actual para abordar las disparidades raciales refleja un cambio cultural y legal significativo en la interpretación de los derechos civiles. Si bien estas políticas buscan garantizar la igualdad de oportunidades, su efectividad para abordar las causas profundas de las disparidades sigue siendo cuestionada por diversos analistas y expertos.