Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: X @PedroRonchi2
La operación policial del 29 de octubre en Río de Janeiro, considerada la más letal en la historia reciente del país, provocó también tensiones políticas entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el gobernador del estado, Cláudio Castro. Las acciones desplegadas en los complejos de Penha y Alemão contra el grupo Comando Vermelho dejaron al menos 132 personas muertas, según la Defensoría Pública, en un contexto marcado la violencia, pero también por la proximidad de las elecciones generales de 2026.
Castro, del Partido Liberal y alineado con el expresidente Jair Bolsonaro, declaró: "las únicas víctimas fueron policías" y cuestionó la supuesta falta de apoyo del gobierno federal. Además, afirmó que "Río está solo en esta guerra", aludiendo a que su solicitud de asistencia con vehículos blindados fue rechazada por la administración de Lula. El documento con la petición formal fue presentado en enero y dirigido al Ministerio de Defensa.
Desde el gobierno nacional, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, desmintió esa versión. Aseguró que no se recibió un pedido reciente para activar la Garantía de Orden Público (GLO), mecanismo constitucional que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas. "No hay ninguna solicitud", indicó. El funcionario también declaró: "Lula se mostró sorprendido de que se lanzara una operación de esta magnitud sin conocimiento federal".
La Fuerza Nacional de Seguridad actúa en Río desde 2023. Lewandowski subrayó que ya hubo once renovaciones a pedido del propio gobernador y agregó que se mantiene abierta la colaboración con expertos forenses, médicos y recursos de inteligencia. El gobierno federal también ofreció plazas en cárceles de máxima seguridad para trasladar a presos pertenecientes a organizaciones criminales.
Tras el operativo, los gobernadores opositores a Lula salieron a respaldar públicamente a Castro. Entre ellos se encuentran Romeu Zema (Minas Gerais), Tarcísio de Freitas (São Paulo) y Ronaldo Caiado (Goiás). El primero calificó la operación como "histórica" y varios dirigentes regionales coincidieron en elogiar la actuación del gobierno estadual frente al crimen organizado.
El operativo tiene también impacto en el contexto electoral. Lo sucesido en Río de Janeiro tiene lugar días después de que Lula anunciara su intención de buscar un cuarto mandato, mientras la derecha aún no consolida una figura de liderazgo clara tras el arresto de Bolsonaro. La masacre se suma a otros cinco operativos policiales de alta letalidad ocurridos en Río en años previos a comicios, siendo el último el más letal.
Si bien no hay evidencias directas para vincular la situación con actores externos, sectores políticos advierten sobre el riesgo de que el conflicto escale a nivel internacional. El presidente Lula mantuvo recientemente un encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump durante su viaje por Asia. Ambos mandatarios se encuentran restaurando su débil relación diplomática después de la aplicación de aranceles a Brasil. Si bien lograron acercarse, la política de cero tolerancia al narcotráfico de Trump, puede provocar a Estados Unidos a distanciarse aún más de Brasil si Lula no muestra colaboración en el operativo.
Además, los hechos no escapan del espectro político. Mientras que las acciones militares se sostienen desde un principio como "operativo", etiqueta que se sostiene por parte del gobierno de Río de Janeiro, la izquierda brasilera comienza a calificarlo de "masacre", una mención que abre debate en torno a la legitimidad del accionar, así como también una razón para acusar a la derecha.
De todas formas, la operación puso nuevamente en primer plano las limitaciones del modelo brasileño de seguridad pública. Si bien la Constitución le otorga a los estados el control operativo de las fuerzas policiales, la tragedia reflejó la fragilidad de la conexión operativa entre los gobiernos regionales y el federal.
Contenido actualizado el 30-10-2025 10:08