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Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), publicado el 24 de octubre de 2025, reveló al menos 60 muertes y 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba entre marzo de 2024 y marzo de 2025. La organización registró patrones de violencia sistemática, deficiencias médicas y castigos prolongados, lo que calificó como una política estructural dentro del sistema penitenciario.
De las 60 muertes reportadas, 47 fueron atribuidas a problemas de salud física o mental no atendidos de forma oportuna. Otras siete ocurrieron como resultado de violencia física directa. Según el documento, "no existe evidencia de investigaciones ni sanciones" vinculadas a estos fallecimientos. En varios casos, los familiares no pudieron acceder a los cuerpos ni a los informes forenses, lo que el informe describió como "una violación de protocolos internacionales sobre muertes potencialmente ilícitas".
Las 1.330 violaciones de derechos humanos incluyeron 1.045 casos de hostigamiento y represión, 402 situaciones donde negaron atención médica, 297 reportes de condiciones de vida inadecuadas y 224 vinculados a deficiencia alimentaria. El CDPC también documentó el uso de castigos como "aislamiento prolongado", "traslados punitivos" y "trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas".
En cuanto a métodos de tortura, el informe mencionó prácticas como "la cama turca", "la bicicleta" y el uso de "shakiras", grilletes que inmovilizan completamente a la persona detenida. Estas prácticas fueron identificadas en múltiples centros penitenciarios del país.
Un total de 545 personas fueron identificadas como víctimas de abusos, incluidas 329 detenidas por motivos político. También se reportaron 244 denuncias colectivas que describen afectaciones generalizadas a comunidades enteras. Entre los perfiles documentados, se incluyeron 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 con enfermedades crónicas, 37 con trastornos de salud mental y nueve personas con discapacidad.
Sobre las condiciones materiales en los centros penitenciarios, el informe señaló que alcanzan niveles de "infrahumanidad", marcados por "desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo y ausencia de atención médica o medicamentos básicos".
Camila Rodríguez, directora del CDPC, afirmó: "La magnitud, sistematicidad y gravedad de los hallazgos confirman una brecha crítica entre los compromisos internacionales asumidos formalmente por el Estado cubano y la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad en las prisiones del país".
En sus conclusiones, el informe sostuvo que "el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
La organización instó a la comunidad internacional a mantener una "vigilancia activa" sobre las condiciones en las prisiones cubanas. Además, exhortó al Estado cubano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y establecer mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.
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