Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Aprender a usar dinero, crédito y plataformas digitales dejó de ser un conocimiento reservado para la vida adulta en Ecuador. La nueva ley convierte esa formación en una parte obligatoria del recorrido educativo, en un momento donde cada vez más menores interactúan con pagos electrónicos, aplicaciones móviles y servicios financieros digitales.
En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó una Ley Orgánica de Educación Financiera con 88 votos afirmativos. La norma ordena incorporar estos contenidos de forma progresiva y transversal desde la educación inicial hasta la educación superior, con alcance también para educación intercultural bilingüe, etnoeducación y programas dirigidos a personas con escolaridad inconclusa.
La legislación define la educación financiera como un proceso integral para desarrollar conocimientos, habilidades y valores vinculados con el manejo responsable de recursos. También plantea que la población pueda tomar decisiones informadas, evaluar riesgos, prevenir fraudes y fortalecer su bienestar económico dentro de un entorno cada vez más digitalizado.
Dentro de los contenidos obligatorios figuran el uso adecuado del dinero, el manejo responsable del crédito y la identificación de riesgos financieros. A eso se suman módulos sobre seguridad digital, prevención de fraudes electrónicos, uso seguro de plataformas y aplicaciones móviles, además de protección de datos personales en operaciones financieras.
Ese punto adquiere peso fuera del ámbito local por un cambio visible en muchos países. Menores, jóvenes y adultos acceden con más frecuencia a billeteras virtuales, sistemas de pago, compras en línea y ofertas de crédito desde el teléfono, lo que amplía oportunidades, pero también expone a engaños, robo de información y decisiones apresuradas.
La ley ecuatoriana establece que los contenidos deberán adaptarse a distintas edades, contextos sociales y realidades territoriales. El marco incluye principios de transversalidad, calidad, eficiencia, objetividad, oportunidad e interculturalidad, junto con enfoques de género, ciclo de vida y respeto a las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades.
Su aplicación también se extiende a espacios de formación fuera del aula tradicional. La norma extiende la formación financiera a programas no formales para jóvenes, adultos mayores, poblaciones rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales, con una frecuencia mínima anual y sin fines comerciales.
Otro de los ejes del nuevo marco legal es la preparación frente a riesgos asociados con tecnologías emergentes. La ley incorpora de manera expresa contenidos sobre amenazas vinculadas con herramientas como la inteligencia artificial, con la intención de que la población reconozca peligros en entornos digitales y actúe con mayor información.
Para llevar esa política al sistema educativo, la Autoridad Educativa Nacional y el ente rector de la política financiera y monetaria deberán diseñar una estrategia nacional. Esa hoja de ruta deberá incluir materiales prácticos, metodologías pedagógicas, capacitación continua para docentes y mecanismos de evaluación con indicadores que permitan medir resultados.
La coordinación también involucrará a entidades públicas, privadas y organizaciones de la economía popular y solidaria en el desarrollo de materiales y procesos de formación. En paralelo, la ley reforma la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico Monetario y Financiero para integrar esta enseñanza como parte de las capacidades productivas, el emprendimiento y la inclusión económica.
El siguiente paso será la emisión del reglamento por parte del Ejecutivo en un plazo de 90 días. Además, la política pública de inclusión financiera deberá revisarse cada tres años, mientras los programas no formales tendrán que ejecutarse al menos una vez al año bajo criterios de transparencia y protección al consumidor.