Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una nueva ley de extradición aprobada en Ecuador busca acelerar la entrega de personas requeridas por delitos graves. La Asamblea Nacional respaldó la reforma con 139 votos afirmativos, en medio de cambios legales vinculados al crimen organizado transnacional.
En Quito, el martes 7 de julio de 2026, el pleno aprobó en segundo debate una actualización a la normativa vigente desde 2000. El proyecto fue remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá sancionarlo u objetarlo conforme al trámite constitucional.
La reforma desarrolla el cambio aprobado en el referéndum de 2024, cuando los votantes habilitaron la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Antes de esa modificación, la Constitución impedía entregar nacionales requeridos por tribunales de otros países.
El respaldo legislativo reunió a representantes del oficialismo y de la oposición, aunque algunos legisladores señalaron límites frente a la inseguridad. Esa posición ubicó la medida como una herramienta procesal, sin presentarla como solución única ante la criminalidad.
Nuevas reglas para extradiciones activas y pasivas
La legislación regula la extradición activa, cuando Ecuador solicita la entrega de una persona, y la pasiva, cuando otro Estado presenta el pedido. También delimita funciones de jueces, autoridades diplomáticas y Presidencia durante cada etapa del procedimiento.
Uno de los cambios centrales consiste en fijar plazos y responsabilidades para evitar trámites prolongados durante años. Rosa Torres, ponente del proyecto, afirmó: "Lo que estamos haciendo es acortar los plazos, previamente establecer responsabilidades, para que no sean dos años sino que sean 45 días".
Asamblea Nacional de Ecuador
Dicha norma incorpora una unidad técnica especializada para analizar solicitudes y reducir la discrecionalidad durante los procesos. Además, mantiene control judicial, garantías procesales y respeto a los tratados internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano.
Los pedidos relacionados con delitos políticos quedarán excluidos de la nueva ruta de extradición, entre otros supuestos previstos. Cada caso deberá revisarse de forma individual antes de cualquier decisión sobre la entrega de una persona requerida.
Cooperación judicial con otros países
El alcance de la ley se vincula con delitos graves y estructuras criminales que operan fuera de las fronteras nacionales. Narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de activos y terrorismo fueron mencionados dentro del debate sobre criminalidad transnacional.
Para otros gobiernos, la reforma establece una ruta institucional más clara cuando exista una solicitud formal contra personas ubicadas en Ecuador. Esa definición ordena la cooperación judicial con países que investigan redes criminales conectadas con territorio ecuatoriano.
Cada solicitud deberá superar filtros judiciales, administrativos y diplomáticos antes de cualquier decisión sobre la entrega de una persona requerida. Esa condición permite responder a países requirentes sin dejar de aplicar la Constitución y los tratados internacionales vigentes.
El precedente más citado fue José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, extraditado a Estados Unidos desde Ecuador. Después de ese caso, autoridades ecuatorianas entregaron a otros cabecillas requeridos por la justicia estadounidense.
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