Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Estados Unidos impondrá fianzas de hasta 20,000 dólares a ciudadanos de unos 50 países que soliciten visas de turismo y negocios. La medida amplía una barrera económica que, durante su primer año de aplicación, redujo 83% la entrega de estos documentos en los países alcanzados.
El cambio publicado por el Registro Federal entrará en vigor el próximo lunes 3 de agosto, según informó el Departamento de Estado. La disposición afecta principalmente a ciudadanos de países africanos, además de solicitantes procedentes de Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
El programa comprende las visas B-1/B-2, destinadas a viajes temporales por negocios o turismo. Entre los países incluidos aparecen Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, junto con otras naciones de África occidental y oriental.
La medida afecta directamente a ciudadanos de unos 50 países, seleccionados por tener las tasas más altas de permanencia irregular. Fuente: Departamento de Estado. Diseño: NotiPress con MapChart
Los funcionarios consulares podrán determinar el monto aplicable en cada caso. El documento establece tres cantidades posibles: 10,000, 15,000 o 20,000 dólares.
Bajo este esquema, los interesados deberán pagar la fianza para continuar con la solicitud de visa. El dinero quedará bajo la administración del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado durante la estancia del viajero.
Según la explicación oficial, el monto "les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE.UU.". La devolución dependerá, por tanto, del cumplimiento de las condiciones vinculadas al permiso migratorio concedido.
El programa piloto comenzó en agosto del 2025 y forma parte de las medidas migratorias del Gobierno de Donald Trump. La administración sostiene que el mecanismo se aplica a países cuyos ciudadanos permanecen en Estados Unidos más tiempo del autorizado por sus visas.
Durante el primer año, las autoridades identificaron 20,000 solicitudes sujetas al pago de una fianza. De acuerdo con el Departamento de Estado, "la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado".
La restricción también modificó el número de autorizaciones emitidas. El documento indicó que la medida produjo "una reducción del 83% en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados".
Organizaciones defensoras de los migrantes rechazaron el programa porque consideran que limita las vías legales de ingreso a Estados Unidos. Los grupos señalan que las cantidades exigidas resultan difíciles de cubrir para solicitantes con menores ingresos. Las críticas sostienen que las fianzas perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres y de mayoría negra.