El lado B de los planes de préstamo estudiantiles

 12-07-2024
Axel Olivares
   
Portada | Internacional
Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)

Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)

En Estados Unidos, el Gobierno ha ido progresivamente intentando colaborar con los estudiantes para pagar su educación universitaria. A través de planes de cuotas, la administración gubernamental lanzó ayudas económicas las cuales, por lo general, su financiamiento está sujeto a la cantidad de dependientes y el tamaño del préstamo. En la actualidad, la administración de Joe Biden lanzó en agosto de 2023 el plan Saving on a Valuable Education (SAVE). Este programa perdona a los estudiantes los préstamos después de ciertos años. Sin embargo, algunos críticos consideran que el plan de Biden no es la mejor idea para estimular la educación.

Los programas de préstamos estudiantiles han tenido lugar en Estados Unidos desde la década de 1960 cuando se lanzó un plan que reembolsaba los préstamos sumados a los intereses en un plan de cuotas cuyos plazos dependían del monto del préstamo. No obstante, según afirma el profesor de la Universidad de Maryland, Kevin Van Elswyk, con el paso de los años hubo mayor intervención del gobierno federal en el financiamiento de la deuda.

Para citar un ejemplo reciente, Elswyk cita a la ley de Reconciliación de la Atención Sanitaria y la Educación firmada por Barack Obama en 2010. Esta ley nacionalizó el proceso de concesión de préstamos estudiantiles poniéndolos en manos del Departamento de Educación.

Con respecto a SAVE, Elswyk afirma que el plan utiliza el 225% de los salarios de pobreza como deducción para reducir el ingreso discrecional. Esta reducción se hace a partir de un cálculo del 5% para crear un pago adeudado. Por otro lado, SAVE no es elegible para préstamos en mora, sin embargo, no es difícil acceder de todas formas a este préstamo. Según el profesor universitario, eventualmente SAVE unirá todos los pagos de préstamos bajo un solo proceso y un departamento.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el costo de SAVE podría ser de 230 mil millones de dólares. Sin embargo, Elswyk afirma que la cifra probablemente sea mayor según las tendencias. Aun así, considera que no se puede estar seguro de cuáles serán los costos finales.

Mientras tanto, el plan de Biden ha sufrido ciertos reveses como las impugnaciones legales por parte de los fiscales generales de tres estados, entre ellos, Kansas y Missouri, los cuales bloquearon la inscripción del plan SAVE. Además, el programa ha creado conflictos con las universidades por las tarifas ocultas en los préstamos. Estas tarifas han sido calificadas por Biden como tarifas engañosas.

Según Elswyk, a través de SAVE el gobierno busca aumentar el control federal sobre la educación. El profesor considera que el presidente puede manipular el plan para modificar los pagos dirigidos a un grupo demográfico de la población, como los dreamers o los embajadores de la energía verde.




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