Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una red de organismos estatales, tecnología electoral y acceso privilegiado habría sostenido durante 16 años un presunto plan para intervenir comicios venezolanos. Estados Unidos atribuyó ese esquema a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, aunque reconoció límites probatorios sobre su aplicación efectiva.
Entre los materiales desclasificados por la administración de Donald Trump figuran reportes de inteligencia elaborados durante 16 años sobre el sistema electoral venezolano. El memorando, fechado el 29 de junio de 2026, fue elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Los informes mencionan al Consejo Nacional Electoral, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Smartmatic, empresa vinculada durante varios años con la infraestructura tecnológica electoral venezolana, también aparece en distintos apartados del expediente.
Máquinas preprogramadas y centros seleccionados
Uno de los episodios centrales corresponde a las elecciones presidenciales de 2012, disputadas entre Hugo Chávez y el dirigente opositor Henrique Capriles. Fuentes de inteligencia sostuvieron que equipos previamente configurados habrían sido instalados en aproximadamente 300 centros ubicados en zonas favorables al oficialismo.
Aquel mecanismo habría sido diseñado para asegurar una diferencia cercana a 1,5 millones de votos mediante cambios electrónicos. Chávez ganó oficialmente aquellos comicios por alrededor de 1,6 millones de sufragios, mientras Capriles reconoció entonces el resultado anunciado.
El documento también menciona reportes según los cuales Chávez felicitó a su equipo por la supuesta ejecución exitosa del plan. Sin embargo, la Agencia Central de Inteligencia no presentó esa afirmación como una conclusión definitiva respaldada por pruebas independientes.
La propia CIA introdujo una reserva relevante sobre el proceso electoral de 2012. Su evaluación de referencia concluyó que no existían pruebas concluyentes de un fraude electrónico masivo durante aquella elección presidencial.
Entre los elementos considerados figuraron encuestas previas, el aumento del gasto gubernamental, la concesión opositora y análisis cuantitativos sin patrones irregulares concluyentes. El memorando distingue así entre capacidades técnicamente posibles y una manipulación comprobada mediante evidencia verificable.
Smartmatic suspendió sus operaciones en Venezuela durante 2018, después de cuestionar públicamente las cifras difundidas para la Asamblea Nacional Constituyente. La compañía sostuvo que la participación oficial había sido incrementada en más de un millón de votos.
Máquinas virtuales y sustitución de resultados
Los reportes también describen un supuesto plan preparado para las elecciones legislativas venezolanas de diciembre de 2020. La operación habría utilizado máquinas virtuales capaces de copiar transmisiones legítimas y sustituirlas posteriormente con información modificada.
Según el memorando, los archivos alterados podían presentarse como datos enviados por terminales auténticas, lo cual dificultaría su identificación durante auditorías posteriores. Otros reportes mencionaron sistemas capaces de reconocer revisiones, modificar conteos y emitir comprobantes sin registrar necesariamente los sufragios correspondientes.
Pese al nivel técnico de las acusaciones, la documentación no demuestra que todas esas herramientas fueran utilizadas durante cada elección examinada. También reconoce reportes contradictorios y conocimiento limitado sobre componentes centrales del sistema electrónico venezolano.
La publicación podría motivar nuevas auditorías, investigaciones institucionales y solicitudes de cooperación entre autoridades electorales de distintos países. Cualquier consecuencia judicial dependerá de pruebas independientes, procedimientos formales y decisiones adoptadas por organismos competentes.
El expediente estadounidense identifica capacidades, actores y métodos atribuidos a los gobiernos de Chávez y Maduro entre 2004 y 2020. También mantiene abiertas dudas sobre la ejecución real, el alcance operativo y la comprobación definitiva de varias acusaciones.
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