Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una nueva ronda de sanciones amplió la presión económica sobre Cuba al incluir nueve entidades estatales y dos funcionarios relacionados con sectores estratégicos. Estados Unidos dirigió las medidas contra actividades energéticas, financieras, portuarias y médicas que generan ingresos o mantienen operaciones internacionales del Gobierno cubano.
El Departamento de Estado anunció las designaciones el 23 de julio mediante la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump. Washington sostiene que los sancionados facilitaron mecanismos para evadir restricciones anteriores y sostuvieron estructuras económicas vinculadas con las autoridades cubanas.
Dentro de las entidades incluidas aparecen el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía y Einarbo, relacionadas con el sector energético. También fueron sancionadas Terminal de Contenedores de Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments Limited y Orbit, empresa dedicada al procesamiento de remesas.
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y Unidad Central de Cooperación Médica completan la lista de organizaciones alcanzadas. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, y Gretza Sánchez Padrón, directora de la unidad médica, también quedaron sancionados.
Bloqueo financiero aumenta las dificultades operativas
Las medidas bloquean todos los bienes e intereses de los sancionados ubicados en Estados Unidos o controlados por ciudadanos y empresas estadounidenses. Las transacciones con esas entidades quedan prohibidas, salvo aquellas autorizadas mediante licencias o excepciones emitidas por el Departamento del Tesoro.
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Estas restricciones elevan los riesgos para bancos, proveedores, compañías marítimas y socios comerciales que mantengan operaciones con las organizaciones designadas. Cualquier vínculo financiero puede quedar sometido a revisiones adicionales, interrupciones de pagos o cancelaciones de contratos internacionales.
Washington afirmó que cuatro entidades colaboraron con el Grupo de Administración Empresarial, conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y sancionado previamente. La decisión extiende las restricciones hacia puertos, inversiones inmobiliarias, transferencias monetarias y empresas capaces de captar divisas fuera de Cuba.
El Gobierno cubano rechazó las medidas y afirmó que buscan aumentar las dificultades económicas de la población. Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, declaró que "el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano".
Otro punto central del conflicto entre ambos gobiernos son las brigadas médicas. Estados Unidos acusa a Cuba de retener parte de los salarios y limitar derechos laborales de los profesionales enviados al extranjero.
La Habana sostiene que esos programas garantizan servicios sanitarios en países con recursos limitados. Las exportaciones de servicios profesionales representaron más del 40% de las exportaciones cubanas entre 2018 y 2020.
Iglesia Católica comienza a distribuir ayuda humanitaria
Ante el deterioro económico, la Iglesia Católica inició la entrega de ayuda enviada desde Estados Unidos mediante la organización Cáritas. Las primeras cajas fueron distribuidas entre familias vulnerables de Bejucal y Alquízar, localidades cercanas a La Habana.
Un avión trasladó desde Miami 700 paquetes con alimentos, artículos de higiene, lámparas solares y tabletas destinadas a purificar agua. Cada módulo contiene arroz, frijoles, pasta, aceite, conservas, jabones y suministros calculados para cubrir diez días de consumo familiar.
El Departamento de Estado informó que el envío forma parte de un programa humanitario inicial de 60 millones de dólares. La iniciativa prevé alcanzar 100 millones de dólares durante los próximos meses mediante organizaciones religiosas y distribuidores independientes.
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