Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una nueva ronda de sanciones elevó la presión de Estados Unidos sobre Cuba en áreas clave de seguridad e inteligencia. La medida bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense y restringe operaciones con funcionarios, cuerpos policiales y organismos estatales cubanos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó la medida el 18 de mayo de 2026. La actualización modificó la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista SDN.
Qué cambian las nuevas sanciones
El paquete incorporó a personas vinculadas con comunicaciones, energía, justicia, seguridad pública, Fuerzas Armadas y estructuras políticas. Entre los nombres figuran Mayra Arevich Marín, Vicente de la O Levy, Rosabel Gamón Verde, Juan Esteban Lazo Hernández y Roberto Morales Ojeda.
A la lista se sumaron José Miguel Gómez del Vallín, Joaquín Quintas Solá, Eugenio Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell. Óscar Alejandro Callejas Valcarce y Eddy Manuel Sierra Arias recibieron actualizaciones relacionadas con la misma orden ejecutiva.
La Dirección de Inteligencia de Cuba fue añadida con sus alias Dirección General de Inteligencia, DGI y G2. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria también fueron actualizados bajo el programa CUBA EO14404.
Con esos cambios, la medida abarca once individuos y tres entidades estatales cubanas. El alcance incluye figuras políticas, mandos policiales y organismos vinculados con inteligencia, seguridad interior y funciones estratégicas del Estado.
Cómo puede afectar a la isla
El efecto más inmediato es el bloqueo de propiedades e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense. Las personas estadounidenses, incluidas empresas y entidades financieras, tienen prohibido transferir, pagar, exportar o negociar esos bienes.
La medida también puede alcanzar a bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14404. La orden presidencial permite bloquear propiedades o limitar cuentas corresponsales en Estados Unidos para esas instituciones financieras.
Para la isla, los efectos pueden concentrarse en pagos internacionales, contratos, transporte marítimo, seguros y acceso a bancos corresponsales. Esas áreas son relevantes para importar combustible, sostener comercio exterior y mantener operaciones de entidades estatales fuera del país.
La sanción se suma a un programa sancionatorio creado el 1 de mayo de 2026. La Oficina de Control de Activos Extranjeros aclaró que ese programa opera separado de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos.
Ese esquema mantiene licencias vigentes para actividades autorizadas, pero agrega restricciones dirigidas contra personas y entidades específicas. También amplía riesgos para instituciones financieras extranjeras con operaciones vinculadas a sancionados cubanos.
La situación energética suma presión, porque Cuba registra apagones prolongados y menor disponibilidad de combustible desde restricciones previas. Las sanciones anteriores contra el conglomerado GAESA también afectaron a empresas extranjeras con operaciones o vínculos comerciales en Cuba.
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