Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La presión de Washington sobre Nicaragua sumó un nuevo capítulo con restricciones de visa impulsadas por Estados Unidos contra más de 100 funcionarios y familiares. La medida fue presentada tras la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera, líder indígena miskito y exlegislador detenido desde 2023.
El Departamento de Estado informó que el nuevo paquete se suma a restricciones aplicadas a más de 2350 funcionarios nicaragüenses y familiares. La cifra muestra una presión acumulada sobre el círculo político de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con alcance directo en movilidad internacional.
La medida funciona como una sanción selectiva al limitar el ingreso a territorio estadounidense sin imponer restricciones económicas amplias. En este caso, Washington atribuyó la decisión al caso Rivera y a señalamientos por abusos de derechos humanos en Nicaragua.
No se divulgaron las identidades de los nuevos funcionarios alcanzados, por lo cual el foco permanece en la medida y su alcance institucional. Estados Unidos también condenó la desaparición de seis familiares y amigos de Rivera.
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Rivera presidía Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, conocido como Yatama, un partido indígena con base en la Costa Caribe. Fue encarcelado en septiembre de 2023, durante medidas estatales prolongadas contra sociedad civil y disidencia iniciadas tras las protestas de 2018.
El gobierno nicaragüense sostuvo que Rivera murió por una infección bacteriana después de complicaciones asociadas con COVID-19. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una investigación pronta, imparcial y efectiva.
Su detención fue descrita como arbitraria, mientras sus familiares permanecieron meses sin conocer su paradero. Ese señalamiento convirtió el caso Rivera en otro punto de presión externa sobre el trato a detenidos y opositores.
La decisión se inserta en una política estadounidense que ya incluye sanciones financieras, restricciones de visa y designaciones contra funcionarios nicaragüenses. En abril de 2026, Washington también sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo.
El paralelismo con Cuba aparece en el uso de herramientas acumuladas contra funcionarios, estructuras estatales y actores vinculados al poder. Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre Cuba y conserva listas de restricciones administradas por agencias federales.
Ambos casos muestran una presión construida mediante paquetes sucesivos, con énfasis en viajes, activos y vínculos oficiales. La comparación se limita al tipo de medidas aplicadas por Washington, sin equiparar condiciones políticas internas ni alcances jurídicos.
Human Rights Watch informó que Estados Unidos impuso restricciones a más de 250 funcionarios nicaragüenses en abril por afectar libertades fundamentales. Ese reporte también registró sanciones de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá contra personas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
La muerte de Rivera agregó un nuevo elemento a la relación entre Washington y Managua, marcada por sanciones y denuncias desde 2018. Con las nuevas restricciones, Estados Unidos mantiene a Nicaragua dentro de una agenda regional de presión diplomática y sanciones selectivas.