Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Maryland contra el propietario y operador del buque portacontenedores Dali, responsable del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore el pasado 26 de marzo de 2024. El impacto del carguero no solo provocó el derrumbe de la estructura, sino que también resultó en el fallecimiento de seis trabajadores de la construcción, los cuales se encontraban en la zona. La acción legal busca recuperar más de 100 millones de dólares en daños y costos incurridos por el Gobierno federal para reabrir el puerto de Baltimore y restaurar el acceso al canal de Fort McHenry.
Benjamin Mizer, fiscal general adjunto principal asociado del Departamento de Justicia, encabezó el anuncio de la demanda, acompañado por el fiscal federal, Erek Barron, y representantes de diversas agencias gubernamentales. Durante su intervención, el fiscal expresó su consternación por la tragedia y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas, calificando el incidente como "totalmente evitable". Según Mizer, la investigación reveló que los propietarios del Dali tenían conocimiento de problemas técnicos en el buque, pero optaron por ignorarlos en favor de la reducción de costos, lo cual condujo a una serie de fallas que culminaron en el desastre.
En este sentido, el colapso del puente Francis Scott Key no solo representó una pérdida humana irreparable, sino que también causó un bloqueo en el puerto de Baltimore, uno de los principales centros logísticos del país. El cierre del canal de Fort McHenry afectó gravemente la economía local y nacional al interrumpir el tránsito marítimo y aislar temporalmente el puerto.
Mizer destacó, en respuesta a la crisis que el presidente Joe Biden prometió una rápida restauración del acceso al puerto. Esto desencadenó en una cooperación interinstitucional sin precedentes. Más de 50 agencias federales, estatales y locales se coordinaron para llevar a cabo las labores de rescate, limpieza y reapertura del canal, que se logró el 10 de junio de 2024.
Condiciones de seguridad de los migrantes
Después del siniestro, se puso de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores de la construcción, particularmente aquellos de origen latino, que representan una proporción significativa de la fuerza laboral en este sector. De los seis fallecidos, tres eran mexicanos, uno de los cuales resultó herido y dos permanecen desaparecidos.
Este evento puso en relieve los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores migrantes, quienes a menudo trabajan en las industrias más peligrosas sin las protecciones legales adecuadas. La organización CASA, que defiende los derechos de los migrantes en Maryland, advirtió que los latinos tienen una tasa de lesiones laborales superior a la media nacional.
Ante esta tragedia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas aunque mantuvo la discreción solicitada por los afectados de origen mexicano. Por su parte, activistas como David Torres, director de CASA, instaron al Gobierno de Estados Unidos a tomar medidas para proteger a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que contribuyen al desarrollo del país, destacando la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de seguridad para estos trabajadores. La tragedia de Baltimore deja una lección para las autoridades estadounidenses y ahora es el Departamento de Justicia quien aplica las acusaciones a los involucrados del buque Dali.
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