Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un conjunto de iniciativas enfocadas en mejorar las verificaciones de antecedentes para la compra de armas de fuego y reducir la violencia relacionada con armas. Entre las medidas más destacadas está la publicación de una legislación modelo que facilitaría a los estados compartir antecedentes penales y de salud mental de menores con el Sistema Nacional de Comprobación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS), con el propósito de realizar verificaciones de antecedentes.
"El Departamento de Justicia está comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para combatir la violencia con armas de fuego y salvar vidas", aseguró el procurador general, Merrick B. Garland. Además, agregó: "Las acciones de hoy son una continuación de nuestros esfuerzos para implementar plenamente la ley bipartidista de comunidades más seguras, para proporcionar fondos críticos a los programas de intervención contra la violencia comunitaria y para ayudar a nuestros socios estatales y locales en su trabajo diario para reducir los delitos con armas de fuego".
Salud mental
La iniciativa se orienta a reforzar el cumplimiento de la ley de comunidades más seguras de 2022 (BSCA), que exige que el NICS consulte con las autoridades estatales y locales para verificar si un comprador menor de 21 años está inhabilitado para adquirir un arma. Sin embargo, algunos estados tienen leyes que limitan el acceso a los antecedentes de menores, lo que complica el proceso de verificación.
Junto a esta legislación, el Departamento también anunció una nueva subvención de más de 200 millones de dólares destinada a programas de prevención de violencia con armas de fuego. La primera parte de esta financiación, de 85 millones de dólares, se canalizará a través de la Iniciativa de Prevención e Intervención de la Violencia Comunitaria (CVIPI) para apoyar a 30 agencias en la ampliación de programas de intervención, tales como asistencia en hospitales y terapias cognitivas conductuales. La segunda parte, por un monto de 135 millones de dólares, será distribuida entre 48 estados bajo el Programa de Intervención en Casos de Crisis del Estado de Byrne (Byrne SCIP), enfocado en implementar órdenes de protección de riesgo extremo y programas judiciales de intervención en crisis.
Estas acciones también incluyen recursos y capacitaciones para las fuerzas de seguridad, especialmente en zonas rurales y agencias pequeñas, a fin de enfrentar los desafíos únicos de estas jurisdicciones. El Departamento de Justicia prometió publicar en 2024 más herramientas y guías para fortalecer la implementación de estas iniciativas en todo el país. Salud mental en menores de 21 años y antecedentes penales se convierten en un elemento clave en la prevención de la violencia y uso indiscriminado de armas de fuego.
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