Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una serie de esfuerzos destinados a proteger el derecho al voto de sus ciudadanos, asegurando a cada votante poder ejercerlo sin temor a intimidaciones, fraudes o interferencias. La iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de la División de Derechos Civiles, la División Penal, la División de Seguridad Nacional y todas las Fiscalías Federales del país.
Para garantizar la igualdad en el proceso electoral, la División de Derechos Civiles supervisa el cumplimiento de leyes como la Ley de Derechos al Voto y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Estas leyes impiden prácticas que discriminen a los votantes por raza, discapacidad o minorías lingüísticas y aseguran que las personas con necesidades especiales reciban la ayuda a la hora de votar. Además, establecen ofrecer materiales en diferentes idiomas para distintas áreas.
La División Penal y las 94 Fiscalías Federales también están involucradas, centrándose en prevenir delitos electorales como la compra de votos, la alteración de papeletas y el uso de registros falsos. Para enfrentar estas prácticas, el Departamento trabaja en estrecha colaboración con el FBI y con fiscales especializados en cada estado, quienes monitorean y actúan sobre cualquier irregularidad denunciada por los ciudadanos.
En cuanto a las amenazas de interferencia externa, la División de Seguridad Nacional desempeña un papel fundamental. Con un abordaje en la seguridad cibernética, su equipo investiga intentos de influencias extranjeras, como la desinformación en redes sociales y posibles embates a la infraestructura electoral. La división colabora estrechamente con el FBI y otros organismos para mantener la integridad del sistema democrático.
Los ciudadanos que deseen reportar situaciones de discriminación pueden hacerlo a través de la línea gratuita 800-253-3931 o en el sitio web https://www.civilrights.justice.gov/ cualquier caso de intimidación o amenaza directa en un centro de votación debe reportarse primero al 911 y luego al Departamento de Justicia para una investigación adecuada.
Esta serie de medidas tienen como objetivo buscar reforzar la confianza en el proceso electoral, asegurando a cada ciudadano ejercer su derecho al voto en un entorno seguro y justo.
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