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El excomisionado del Departamento de Policía de las Islas Vírgenes (VIPD), Ray Martínez y la exdirectora de Administración y Presupuesto, Jenifer O'Neal, fueron acusados formalmente por conspiración de soborno y lavado de dinero. Ambos se presentaron este lunes 13 de enero de 2025 en una audiencia inicial ante un tribunal federal en St. Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Según los documentos judiciales, Martínez, de 56 años, y O'Neal, de 53, habrían recibido sobornos de David Whitaker, un contratista del gobierno, en un sistema el cual se extendió por casi dos años. La acusación detalla que el plan comenzó en noviembre de 2022, y O'Neal se unió al mismo en enero de 2024. Las autoridades sostienen que los pagos ilícitos se habrían blanqueado mediante una transacción financiera destinada a cubrir el alquiler de una cafetería de propiedad de O'Neal.
El plan incluyó la aprobación de facturas infladas fraudulentamente y la facilitación de pagos gubernamentales por dichos conceptos a favor del contratista Whitaker. En octubre de 2023, Martínez presuntamente ayudó a Whitaker a obtener un contrato valorado en 1,48 millones de dólares para proveer servicios al Departamento de Policía. Tras el inicio de la investigación, Martínez habría intentado obstruirla al incitar a Whitaker a destruir pruebas y habría entregado documentos falsos para responder a una citación oficial.
Martínez y O'Neal enfrentan cinco cargos de fraude electrónico de servicios honestos, cada uno con penas de hasta 20 años de prisión. Además, enfrentan un cargo de soborno en un programa federal, cuya pena máxima es de 10 años de prisión. La acusación también incluye un cargo de conspiración para lavado de dinero, que conlleva una posible pena de hasta 20 años. Martínez enfrenta, además, dos cargos adicionales de obstrucción de la justicia, cada uno con penas de hasta 20 años. La sentencia será dictada por un juez federal tras considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El anuncio de estas acusaciones fue realizado por el fiscal general adjunto Brent Wible, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.
La investigación es dirigida por la Agencia Residente del FBI en St. Thomas, bajo la supervisión de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. La Sección de Integridad Pública de la División Penal, junto con los abogados litigantes Alexandre Dempsey y Steve Loew, y el fiscal federal adjunto Michael Conley, están a cargo del caso.
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