La guerra contra el odio se convierte en una excusa para aumentar el control estatal

En un reciente artículo, la doctora Wanjiru Njoya, investigadora del Instituto Mises, analiza cómo los gobiernos contemporáneos expanden su poder bajo la justificación de combatir el "odio" y otras problemáticas sociales. Inspirada en las ideas de Lew Rockwell presentadas en Against the State, Njoya señala que esta expansión estatal busca aprovecharse de los miedos colectivos para obtener mayor control sobre la vida de los ciudadanos. Según ella, el Estado se presenta como el único medio capaz de construir un futuro sin divisiones, logrando así una creciente influencia sobre la sociedad.

Una de las cuestiones que destaca es cómo las políticas gubernamentales actuales se concentran en eliminar opiniones ofensivas o políticamente incorrectas, un esfuerzo respaldado por sectores de la sociedad que desean vivir en un mundo sin discriminación. En este sentido, Njoya cita ejemplos como la postura del New York Times, que respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris como "la única opción patriótica para presidente" por su propuesta de construir un futuro "más allá del odio y la división". La autora advierte que esta narrativa estatal conlleva el riesgo de "hacer la guerra a grandes sectores de la humanidad" al buscar eliminar el racismo y otros delitos de pensamiento.

De acuerdo con la investigadora del Instituto Mises, la expansión de las leyes de derechos civiles se convirtieron en una plataforma clave para la implementación del control estatal. Como ejemplo, menciona una nueva ley en California la cual prohíbe la distribución de panfletos con mensajes de odio, subrayando cómo se utiliza esta normativa para proteger a minorías sexuales y raciales. "El proyecto de ley 3024 amplía las protecciones de los derechos civiles contra materiales amenazantes", explica la autora, indicando que este tipo de legislación refleja un enfoque activista con raíces en la lucha por los derechos civiles desde 1964.

Finalmente, Njoya expone las advertencias de Rockwell sobre los riesgos de delegar la resolución de conflictos sociales al Estado. La coerción gubernamental, en lugar de resolver los problemas, tiende a generar nuevos y más graves. Rockwell subraya que "el poder estatal se convierte en una fuente del mismo problema que intenta corregir". En este contexto, Njoya hace eco de su defensa de la libertad individual como el camino hacia la cooperación social. Según Rockwell, "la libertad demuestra que las diferencias entre personas no conducen a conflictos insolubles, sino que permiten trabajar juntos en beneficio mutuo". Con esta reflexión, sugiere que los ciudadanos deberían enfocarse más en la cooperación voluntaria que en la intervención del Estado para resolver los problemas sociales, evitando así la trampa de una creciente dependencia gubernamental.