Foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
La subsidiaria de Toyota Motor Corporation, Hino Motors, admitió haber manipulado datos de emisiones y acordó pagar más de 1.600 millones de dólares para resolver cargos penales y civiles relacionados con fraude ambiental. Las sanciones fueron anunciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el FBI y otras agencias gubernamentales.
Entre 2010 y 2022, Hino presentó datos falsos sobre las pruebas de emisiones de motores y consumo de combustible, permitiendo la importación y venta de más de 110.000 motores diésel en Estados Unidos. Estos motores, instalados principalmente en camiones pesados, violaban los estándares de calidad del aire establecidos en las leyes ambientales federales y estatales.
Dicho acuerdo incluye una multa penal de 521,76 millones de dólares, un decomiso monetario de $1.087 millones y $525 millones en sanciones civiles. Según las autoridades, este caso representa la segunda multa penal más grande y la cuarta multa civil más significativa en la historia del programa de fuentes móviles de la EPA.
Compromisos de mitigación ambiental y sanciones
Como parte de la resolución, Hino deberá implementar un programa de mitigación valorado en $155 millones para compensar las emisiones contaminantes generadas por sus motores. Este programa incluye el reemplazo de motores marinos y de locomotoras antiguos por modelos que cumplan con los estándares más estrictos de la EPA, así como la instalación de sistemas de reducción de ralentí en locomotoras. Estas medidas reducirán aproximadamente 41.941 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, la empresa destinará $144,2 millones a la modificación de motores instalados en camiones de los años modelo 2017-2019 para garantizar que cumplan con las regulaciones. Otros $123,6 millones se asignarán a proyectos de mitigación ambiental en California, estado especialmente afectado por las emisiones ilegales de Hino.
Jane Nishida, administradora interina de la EPA, afirmó que "las acciones de Hino socavaron directamente el programa de la EPA para proteger al público de la contaminación del aire". Por su parte, Christopher Wray, director del FBI, aseguró que "Hino Motors participó durante años en un plan para falsificar datos sobre emisiones con el fin de obtener ventajas comerciales y aumentar sus ganancias".
Reconocimiento de la conducta ilegal y próximos pasos
Desde Hino Motors, admitieron haber alterado datos de pruebas de emisiones. Además fabricaron información sin realizar las pruebas correspondientes y omitieron revelar funciones de software que afectaban los controles de emisiones de sus motores. Como resultado, la EPA descubrió que estos motores generaron niveles excesivos de NOx, partículas y gases como dióxido de carbono (CO2). Esto excedió los límites legales y contribuyó al deterioro ambiental y a riesgos para la salud pública.
El acuerdo prohíbe a Hino importar motores diésel a Estados Unidos durante los próximos cinco años y establece la supervisión de sus operaciones mediante un programa integral de cumplimiento y ética. Además, la EPA anuló las certificaciones de conformidad de los motores diésel Hino fabricados entre 2010 y 2019, una medida sin precedentes por su magnitud.
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