Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Cuba formalizó un cambio histórico en su modelo económico al autorizar, por primera vez en más de seis décadas, la creación de sociedades mixtas entre empresas estatales y actores privados nacionales. La medida, establecida en el decreto ley 114/2025 del Consejo de Estado, fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor a inicios de abril. Con ello, se permitirá la constitución de nuevas entidades con autonomía empresarial y capacidad de operar tanto dentro como fuera del país.
El decreto regula "las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales" para "la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas", según el texto oficial. Este tipo de sociedades podrán decidir su número de empleados, fijar salarios, abrir establecimientos comerciales y participar en operaciones de comercio exterior.
La norma especifica que las sociedades mixtas podrán desarrollarse en cualquier actividad lícita "con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o a actividades relacionadas con las instituciones armadas", manteniéndose así el control estatal en sectores considerados estratégicos. Además, estas nuevas entidades "no están sujetas a los principios de planificación" que caracterizan buena parte de la economía cubana.
De acuerdo con el documento legal, para constituirse, las sociedades mixtas deben demostrar "capacidad de autofinanciarse y generar utilidades". Asimismo, se regirán por el sistema vigente de "gestión, asignación y control de divisas" y requerirán la aprobación o denegación del Ministerio de Economía y Planificación, que dispondrá de un plazo de diez días naturales para responder.
El marco legal también contempla la posibilidad de que empresas estatales adquieran participaciones en sociedades de responsabilidad limitada privadas ya existentes, y autoriza la concertación de contratos de asociación económica entre ambos sectores. Igualmente, prevé la absorción de empresas privadas por entidades estatales o mixtas, siempre bajo normas de capital nacional.
La decisión se da en un momento de profunda crisis económica en Cuba. Entre los factores que agravan esta situación se encuentran el reforzamiento del embargo estadounidense, el descenso del turismo, la falta de liquidez y las fallidas reformas monetarias. En este contexto, el sector privado ganó presencia en el entramado productivo de la isla.
En 2025, Cuba registraba cerca de 9.900 empresas privadas, responsables del 15 % del producto interno bruto y con más del 30 % de la población activa empleada. Además, ese mismo año, las ventas minoristas privadas superaron por primera vez a las del sector público, alcanzando el 55% del comercio total.
Paralelamente, Estados Unidos autorizó la venta de combustible a empresas privadas cubanas bajo la condición de que estas operaciones no beneficien al gobierno. Esta medida coincide con la legalización de las alianzas mixtas, aunque no se anunció un vínculo directo entre ambas decisiones.
Economistas locales consideran que esta reforma empresarial constituye un paso que "estaba pendiente" desde la autorización de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) en 2021. En ese momento ya existía la posibilidad de crear figuras jurídicas mixtas destinadas a la asociación entre el sector estatal y el no estatal.
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