Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
El Salvador aplicará prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años por delitos considerados graves, como homicidio agravado, violación o terrorismo. La reforma legal, aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, elimina las garantías del sistema de justicia juvenil para adolescentes vinculados a estructuras criminales.
La modificación del Código Penal y la Ley Penal Juvenil forma parte de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele, en el contexto de la política de seguridad aplicada desde 2022. Con 58 votos a favor en el Congreso unicameral, la nueva normativa permite que adolescentes sean juzgados bajo las reglas del sistema penal ordinario si son acusados de crímenes de alto impacto.
De acuerdo con el dictamen legislativo, "en el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta", dejando sin efecto los límites que antes protegían a los menores de condenas superiores a los 15 años. La ley contempla una revisión obligatoria de la pena cuando los adolescentes cumplan 25 años en reclusión, para evaluar su nivel de rehabilitación y posible acceso a libertad controlada.
La nueva normativa traslada los casos graves a tribunales penales con competencia exclusiva. Los tribunales de lo Criminal tendrán jurisdicción exclusiva para conocer los casos que involucren prisión perpetua, tanto en adultos como en menores. Esta medida centraliza el tratamiento judicial de delitos de gravedad y redefine el papel del sistema especializado para jóvenes.
Asimismo, el nuevo marco normativo amplía la definición legal de organizaciones terroristas para incluir a las pandillas. Según el texto aprobado, se considerarán terroristas los grupos que utilicen "métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma o afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población".
Con estas disposiciones, El Salvador se convierte en uno de los pocos países del mundo en aplicar prisión perpetua a menores de edad en condiciones ordinarias. Anteriormente, la Ley Penal Juvenil salvadoreña limitaba las condenas máximas a 10 años para menores entre 12 y 15, y a 15 años para aquellos de entre 16 y 18.
Algunos organismos internacionales expresaron preocupación por estas reformas. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por El Salvador, prohíbe la imposición de cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación a personas que hayan cometido delitos siendo menores de edad.
Durante el debate legislativo, no se registraron objeciones de las bancadas oficialistas ni propuestas alternativas para mantener un procedimiento diferenciado. Sin embargo, desde la oposición, el diputado Francisco Lira señaló que "miles" de salvadoreños "sin vínculo de pandillas" siguen "esperando un juicio justo" y alertó sobre los riesgos de condenar a "gente buena" por hechos que no cometió.
La reforma legal entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. Las disposiciones también contemplan que los cómplices en estos delitos reciban penas de hasta 25 años, aunque no se les aplicará la cadena perpetua.
De manera paralela, el Parlamento prorrogó el régimen de excepción por 30 días adicionales. Este mecanismo permite realizar detenciones sin orden judicial y fue una pieza clave en la estrategia de seguridad implementada desde marzo de 2022. Según datos oficiales, 91,650 personas han sido detenidas bajo esta medida, de las cuales 8,000 fueron liberadas tras demostrarse su inocencia.