Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La incautación del petrolero Skipper por parte de fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela generó múltiples implicaciones abarcando desde el cumplimiento de sanciones internacionales hasta la seguridad marítima y las tensiones diplomáticas en la región. El operativo, ejecutado el miércoles, fue documentado por el gobierno de Estados Unidos mediante un video que muestra a soldados descendiendo desde helicópteros sobre la cubierta del buque.
El abordaje fue coordinado por la Guardia Costera con apoyo de la Marina, según reportó CBS News, y contó con la participación de un grupo especializado en antiterrorismo. Una fuente con conocimiento directo declaró que intervinieron "dos helicópteros, 10 infantes de marina y 10 miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos y fuerzas de operaciones especiales".
Desde el punto de vista técnico, el buque había sido previamente sancionado por el Departamento del Tesoro en 2022. En ese entonces, operaba bajo el nombre Adisa y fue acusado de integrarse a una "red internacional de contrabando de petróleo". Según MarineTraffic, el Skipper navegaba con bandera de Guyana, aunque la Autoridad Marítima de ese país desmintió el registro, indicando: "el capitán enarbolaba falsamente la bandera de Guyana".
La firma Kpler, especializada en inteligencia de datos sobre mercados de materias primas, proporcionó información clave sobre los movimientos del Skipper. Según su análisis, el buque habría cargado "al menos 1,1 millones de barriles de crudo Merey" en la terminal venezolana de Jose hasta el 16 de noviembre. Además, la compañía detectó que entre el 28 de octubre y el 4 de diciembre el buque transmitió señales manipuladas que no reflejaban su ubicación real, una práctica conocida como suplantación de identidad.
Vanguard Tech, empresa de riesgo marítimo, afirmó que el buque pertenecía a la llamada flota oscura, compuesta por navíos que operan sin declarar ubicación real y a menudo participan en comercio de crudo sancionado. También se identificaron transferencias de carga en alta mar, incluyendo una frente a la costa de Barcelona, Venezuela, el 7 de diciembre, días antes de la incautación.
La acción contó con sustento jurídico mediante una orden de incautación, aunque especialistas advierten la existencia de vacíos normativos. Victor Hansen, exabogado militar y profesor de derecho, dijo a BBC: "la administración Trump no ha sido realmente clara al articular una justificación legal". Agregó que "esto parece estar más relacionado con la violación de las sanciones impuestas tanto a Venezuela como a Irán".
El Departamento del Tesoro vinculó al Skipper con ingresos destinados al grupo Hezbolá y a la Fuerza Quds de Irán. Según datos públicos, el propietario registrado es Triton Navigation Corp, una firma con sede en las Islas Marshall. En 2022, esta compañía fue señalada por Washington por presuntamente facilitar operaciones para un empresario ruso sancionado.
Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció la operación como un acto de "piratería internacional". Según el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, se trata de una acción vinculada a los intereses energéticos de Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca declaró que no se tolerará "el envío ilícito de petróleo cuyas ganancias alimentan el narcoterrorismo".
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