Foto: AFP
El pasado 9 de noviembre de 2021, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Tan solo una semana después, el Senado rechazó la querella que buscaba su destitución, ya que no se alcanzaron los 29 sufragios necesarios para proseguir con el caso. Por segunda vez, el mandatario enfrenta un intento de juicio tras eludir el primero en 2019, el cual quedó descartado gracias a la falta de votos requeridos por parte de los diputados.
Recientemente, el 16 de noviembre de 2021, Sebastián Piñera fue absuelto de dos cargos que demandaban el término anticipado de su presidencia. La sesión, llevada a cabo días antes de las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026, no consiguió 2/3 de los sufragios requeridos por la Constitución para remover al gobernante. Piñera fue acusado de favorecer la venta de un proyecto minero y portuario familiar con presuntas irregularidades reveladas en los Pandora Papers y por comprometer el honor de la nación. Ambas imputaciones tuvieron su respectivo plebiscito por separado, pero ninguna consiguió los votos necesarios para proceder legalmente.
Piñera se defendió de las acusaciones asegurando que en 2010 hubo una investigación judicial conforme a la compraventa del proyecto minero la cual no encontró irregularidades en la jurisprudencia. La Fiscalía, por otro lado, inició el análisis del caso en octubre del presente año tras la filtración de los Pandora Papers para aclarar cualquier cuestión que no haya sido considerada anteriormente.
Dominga, el controversial proyecto minero, se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, región que se considera un paraíso fiscal gracias a los pocos o nulos impuestos. El proyecto prevé la explotación de cobre y hierro y ha sido criticado por su cercanía con la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, localizada en un archipiélago que ampara uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en 2017, la iniciativa del proyecto fue rechazada por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
No es la primera vez que el presidente chileno se ve envuelto en una polémica de esta magnitud, puesto a que a principios de su segundo gobierno fue inculpado de múltiples delitos. El 19 de noviembre de 2019 se inició un proceso para intentar someter al presidente a un juicio político y así lograr su destitución. Se le acusó por graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a causa del abuso por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en la violenta represión de un estallido social.
Las protestas comenzaron en 2006 con la Revolución Pingüina, movilización estudiantil contra la privatización del sistema educativo impuesta por Augusto Pinochet en su dictadura militar, y culminaron en 2019 durante el mandato de Piñera. Los crímenes perpetuados en su gobierno fueron ratificados por Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Asimismo, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expresidenta, Michelle Bachelet, envió misiones para investigar las denuncias contra el gobernante. Sus cargos fueron desechados ya que, según la mayoría de los diputados, no se reunieron los requisitos necesarios.
Aunque el mandatario chileno ha sido sujeto de múltiples críticas, no enfrentará ningún tipo de consecuencia legal. Por ahora, la finalización de su gobierno no ha sufrido alteraciones y se prevé para el 11 de marzo de 2022.
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