Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de El Salvador
La legalización de la cadena perpetua en El Salvador redefine el alcance del sistema penal para los delitos más graves. La medida se enmarca en el endurecimiento general de la política de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele y fue aprobada por una amplia mayoría legislativa.
El Congreso salvadoreño aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución que autoriza la imposición de prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Con esta decisión, el país elimina el límite de 60 años de encarcelamiento que regía como condena máxima en su legislación.
La votación contó con el respaldo de 59 de los 60 diputados presentes. La reforma fue presentada y aprobada el mismo día, sin estudio previo en comisiones ni deliberación legislativa abierta.
Dicha iniciativa se enmarca en la continuidad del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Según cifras oficiales de marzo de 2025, este régimen llevó a la detención de más de 85.000 personas, en su mayoría acusadas de pertenecer a pandillas.
El presidente Nayib Bukele anunció la medida horas antes de su presentación legislativa, destacando que el cambio busca evitar que autores de crímenes graves recuperen su libertad. En su cuenta de X escribió: "Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión".
La modificación constitucional aún requiere una ratificación en otra sesión plenaria para entrar plenamente en vigencia. No obstante, desde una reforma previa en abril de 2024, el Congreso salvadoreño puede aprobar y ratificar enmiendas constitucionales dentro del mismo periodo legislativo, eliminando el requisito anterior de doble legislatura.
El Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que se iniciará una revisión del Código Penal, la Ley Penal Juvenil y otras normativas secundarias para alinear el marco legal con el nuevo artículo constitucional. Este proceso será conducido por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
La reforma ocurre en un contexto de fuertes críticas al modelo de seguridad del gobierno salvadoreño. Diversos organismos nacionales e internacionales denunciaron detenciones sin orden judicial, falta de debido proceso y muertes en custodia.
De acuerdo con reportes de organizaciones humanitarias, al menos 500 personas habrían fallecido bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción. Las cifras y los métodos empleados continúan siendo objeto de vigilancia por parte de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch.
Hasta ahora no se confirmó si la reforma podrá aplicarse de forma retroactiva ni qué criterios determinarán su uso en juicios masivos ya iniciados. Los efectos de esta reforma constitucional sobre casos en curso y su impacto en el sistema carcelario siguen sin aclararse por las autoridades.