Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Durante seis años, Panamá ha permanecido en la lista europea de jurisdicciones no cooperativas, una clasificación que podría cambiar en octubre. El caso ofrece una oportunidad para entender qué significa ser considerado un paraíso fiscal y cómo una jurisdicción puede abandonar esa categoría.
La Unión Europea mantiene un listado propio para identificar territorios que presentan deficiencias en transparencia fiscal, intercambio de información, competencia tributaria o medidas contra el traslado de beneficios. Actualmente figuran Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Panamá, Rusia entre otros.
Aunque suele utilizarse de manera amplia, el término paraíso fiscal describe jurisdicciones que ofrecen baja o nula tributación, ventajas para capitales extranjeros y altos niveles de confidencialidad. Estas condiciones pueden facilitar estructuras destinadas a reducir cargas impositivas, especialmente cuando existen sociedades sin actividad económica real o mecanismos opacos sobre sus propietarios.
Martin Olivera (Composición/NotiPress)/ Lista de la UE
La inclusión no depende únicamente de que un país aplique impuestos bajos, porque los organismos también observan la transparencia y la cooperación con otras administraciones. En el caso europeo, las revisiones consideran el intercambio de información, las prácticas tributarias consideradas perjudiciales y las medidas contra la erosión de bases imponibles.
También se evalúa si las empresas registradas en una jurisdicción desarrollan actividades reales o solamente mantienen una presencia jurídica sin operaciones sustantivas. Esa distinción busca reducir estructuras creadas principalmente para trasladar beneficios hacia territorios con condiciones fiscales más favorables.
Panamá permanece de forma continua en la lista desde febrero de 2020, después de haber sido incluido inicialmente tras la creación del mecanismo europeo en 2017. Durante ese período, distintas administraciones impulsaron reformas legales y negociaciones para modificar la evaluación realizada por los países del bloque.
El país también quedó marcado por los Panama Papers, filtración publicada en 2016 que reveló millones de documentos sobre sociedades extraterritoriales gestionadas por Mossack Fonseca. Aquella investigación incrementó el escrutinio sobre estructuras corporativas opacas, aunque la lista europea responde a criterios fiscales definidos por la propia Unión Europea.
Salir de una lista fiscal requiere demostrar avances concretos y sostenidos en las áreas señaladas durante las evaluaciones internacionales correspondientes. Entre las medidas habituales aparecen nuevas reglas de transparencia, intercambio de información, controles sobre sociedades y requisitos para acreditar actividad económica efectiva.
Panamá aprobó una Ley de Sustancia Económica que exige a determinadas multinacionales demostrar presencia operativa mediante personal, instalaciones, decisiones estratégicas y gastos realizados en el territorio. Las entidades que no acrediten esas condiciones estarán sujetas a una tarifa del 15% sobre determinadas rentas pasivas extranjeras.
La decisión definitiva sobre Panamá podría adoptarse el 9 de octubre, cuando los ministros de Finanzas europeos revisen nuevamente el listado en Luxemburgo. Vietnam, por su parte, podría pasar a la denominada lista gris, destinada a jurisdicciones que mantienen compromisos pendientes pero asumieron reformas.