Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: X @RishiSunak
Rishi Sunak, exprimer ministro de Reino Unido entre 2022 y 2024, asumió funciones como asesor senior en Microsoft y Anthropic. Ambos cargos fueron autorizados por el Comité Asesor sobre Nombramientos Empresariales (Acoba), órgano del Parlamento británico que supervisa el paso de exfuncionarios al sector privado.
Según las cartas emitidas por Acoba, existe "una preocupación razonable" de que el nombramiento "pueda ser visto como una forma de ofrecer acceso e influencia injustos dentro del gobierno del Reino Unido… dado el debate en curso sobre la mejor manera de regular la IA". Microsoft mantiene contratos vigentes con entidades del gobierno británico, y en 2023, durante el mandato de Sunak, se anunció un acuerdo de inversión con la empresa por 2.500 millones de libras para infraestructura digital y capacitación.
Sunak declaró que no participará en temas de política nacional y que su función estará limitada a asesorar sobre tendencias macroeconómicas y geopolíticas. Indicó además que donará su salario al Proyecto Richmond, una organización benéfica que fundó junto con su esposa en 2025.
El exmandatario también asesora al banco Goldman Sachs y colabora con empresas como Bain Capital y Makena Capital. En Anthropic, también trabaja su exasesor político principal, Liam Booth-Smith.
Otras figuras políticas del Reino Unido han ocupado funciones similares. Nick Clegg, exviceprimer ministro liberal demócrata, fue presidente de asuntos globales de Meta hasta enero de 2025. Lo reemplazó Joel Kaplan, exsubjefe de gabinete del presidente George W. Bush. En ese mismo equipo ingresó Dustin Carmack, exasesor del gobernador de Florida Ron DeSantis. Microsoft tiene como presidenta de asuntos globales a Lisa Monaco, quien fue fiscal general adjunta del presidente Joe Biden.
Los nombramientos de exlíderes políticos por parte de empresas tecnológicas se han vuelto frecuentes. Esto genera interrogantes sobre si pueden mantenerse criterios regulatorios independientes cuando las personas involucradas en decisiones públicas pasan a asesorar a compañías sujetas a esas decisiones. Aunque Acoba establece lineamientos para evitar conflictos, el cruce entre la política y el sector privado plantea desafíos persistentes.