Un juez podría salvar al organismo de control financiero de Estados Unidos

El Tribunal Federal analiza la posibilidad de emitir una orden judicial preliminar para frenar la reducción masiva de personal en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Esta situación se da en medio de preocupaciones sobre su impacto en la protección al consumidor. La administración de Donald Trump impulsó un plan para recortar aproximadamente 1200 empleados de la agencia, medida que generó controversia y desafíos legales.

Amy Berman Jackson, jueza del Tribunal de Distrito de Washington DC, presidió esta semana dos días de audiencias donde testigos clave ofrecieron versiones opuestas sobre la situación de la CFPB. La administración argumentó que la agencia mantuvo estabilidad tras la implementación de su política de reducción de personal (RIF, por sus siglas en inglés), pero Jackson expresó dudas al respecto. "Se han presentado numerosas pruebas las cuales respaldan la decisión de que las mismas personas quienes estaban sentadas en una sala hablando sobre la RIF siguen sentadas en una sala hablando de la RIF", afirmó.

Testimonios revelan discrepancias en el proceso de despidos

Uno de los testigos principales fue Alex Doe, un empleado de la CFPB quien declaró bajo seudónimo por temor a represalias. Doe afirmó que participó en la planificación del RIF y detalló reuniones con la Oficina de Administración de Personal (OPM). Allí se discutieron estrategias para despedir a cerca de 1200 trabajadores en un corto período. Según su testimonio, en una reunión del 13 de febrero, funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), asignados a la CFPB, insistieron en que los avisos de despido debían enviarse al día siguiente.

Al día siguiente, Doe informó a su superior sobre una audiencia judicial la cual podría afectar el proceso de despidos, esperando que se suspendieran las medidas hasta que el tribunal emitiera una decisión. "Ocurrió lo contrario", testificó. Según Doe, un asesor le indicó acelerar el trabajo para cumplir con el plazo autoimpuesto por la administración Trump.

Desde el gobierno acordaron pausar temporalmente los despidos, pero Doe aseguró que la planificación del cierre de la CFPB continuó. En una reunión del 20 de febrero, Adam Martínez, director de operaciones de la agencia, afirmó que "estábamos cerrando legítimamente" y "seríamos aniquilados en 30 días".

Impacto en la protección al consumidor y decisión judicial pendiente

El testimonio de Matthew Pfaff, jefe de personal de la Oficina de Respuesta al Consumidor de la CFPB, reveló que la incertidumbre sobre el futuro de la agencia afectó gravemente su funcionamiento. Pfaff informó que la falta de personal generó un retraso de más de 16,000 reclamos de consumidores sobre fraudes financieros y otros problemas. "Al menos 75 reclamos podrían ser de alto riesgo", afirmó.

La orden de suspensión de trabajos emitida por el director interino de la CFPB, Russell Vought, causó confusión entre los empleados. Martínez testificó que la directiva fue interpretada literalmente por el personal, llevando a la interrupción de funciones esenciales. Según su testimonio, cuando el abogado principal de la administración Trump, Mark Paoletta, fue informado de que los empleados dejaron de trabajar, "realmente pareció sorprendido".

Jackson solicitó a la administración que extienda un acuerdo para pausar los despidos mientras delibera sobre la posible orden judicial preliminar. La decisión podría conocerse a finales de marzo y definir el futuro de la CFPB. Martínez expresó incertidumbre sobre el destino de la agencia: "No tengo ni la menor idea de cuál será el resultado final para la oficina".